48 agricultores investigados por el uso fraudulento de semillas

En una información recogida por Ical se detalla que la Guardia Civil llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la mercantil investigada, así como de la documentación relativa a las actividades de dicha empresa. Tras el estudio de la documentación aportada, se efectuó la recogida de muestras de espigas de trigo y cebada en distintas parcelas de las provincias de Valladolid, Palencia, Segovia y Burgos, que se remitieron al Centro Nacional del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para realizar los ensayos de campo.

Estos ensayos consistieron en la siembra controlada de las muestras de espigas de las semillas tomadas para poder certificar la variedad vegetal a la que correspondían. Los resultados de los ensayos de campo determinaron que la mayoría de las muestras correspondían a variedades certificadas y protegidas de cebada y de trigo, todas ellas protegidas en el ámbito territorial de la Unión Europea en la normativa relativa a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Igualmente, los ensayos detectaron el empleo fraudulento de la variedad vegetal protegida de cebada 'CIB 333'.

Con el resultado de los análisis se acreditó que las variedades declaradas en los acondicionamientos (limpieza y selección de semillas) eran distintas a las que realmente fueron empleadas por los agricultores investigados, como quedó patente con los informes del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Además, según se informó desde el instituto armado, con esta práctica los agricultores intentaban eludir el pago de royalties de las semillas utilizadas.

A su vez, la Guardia Civil comprobó que ciertos agricultores no justificaban la compra legal de semillas certificadas, sospechándose que pudiera existir un mercado ilegal en el que se ofertaban variedades más modernas, resistentes y costosas del mercado, a un precio más bajo del que pudiera corresponder.

Por último, la Guardia Civil recordó que el reempleo de la simiente propiedad del agricultor para su autoconsumo es una actividad legal para determinadas variedades agrícolas, debiendo ser realizada por empresas autorizadas. Los agricultores y las empresas deben garantizar la trazabilidad de la semilla acondicionada (limpia y seleccionada), asegurando que ésta se corresponde con la entregada previamente por el agricultor, siendo competencia de las comunidades autónomas el control administrativo y técnico del proceso. Los agricultores que se acojan al acondicionamiento de grano, deben primero comunicarlo al propietario de la patente y abonar un derecho cada vez que multipliquen la semilla, siempre que se trate de variedades certificadas protegidas.

Las actividades descritas se encuentran penadas como delitos de los relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores, pudiendo llevar aparejada una pena de uno a tres años de prisión. Las diligencias policiales han sido remitidas a un juzgado de instrucción de Valladolid y se ha enviado copia de las mismas a la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Valladolid.