La Audiencia de Navarra decidirá si el guardia civil de La Manada vuelve a la cárcel

Guerrero, condenado a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual durante los Sanfermines de 2016 y una multa de 300 euros por hurto al quitar el móvil a la víctima, quedó en libertad el día 21 junto a los cuatro miembros de La Manada tras abonar una fianza de 6.000 euros. En el escrito que fijaba la fianza, recurrido ya tanto por Fiscalía como por las acusaciones al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva, recordaba que ya habían transcurrido los dos años de plazo máximo de prisión preventiva y apuntaba al arraigo de los jóvenes, aunque les imponía la prohibición de abandonar el país y la obligación de entregar su pasaporte, además de realizar tres comparecencias semanales.

Sin embargo, dos días después de salir de la carcel, el pasado lunes, Guerrero acudió a una comisaria de Sevilla y solicitó un nuevo pasaporte. La funcionaria le explicó la prohibición que pesaba sobre él, por lo que el agente se fue al juzgado donde, según su defensa, informó de la imposibilidad de entregar el documento físicamente. Asimismo, su letrado remitió un escrito informando de esos detalles.

Al trascender ese intento de conseguir un pasaporte, prohibido explícitamente por el tribunal para dejarles en libertad, la Fiscalía pidió de inmediato la celebración de una vistilla para solicitar la vuelta del guardia civil a la cárcel, al apreciar precisamente riesgo de fuga y un posible quebrantamiento de las medidas cautelares. La Audiencia de Navarra, que acordó fijar la comparecencia para el próximo día 5, ha pedido información sobre lo ocurrido a la comisaría de Sevilla.

En un escrito fechado el pasado jueves, el tribunal insta al jefe superior de Policía de Andalucía Occidental y a la Oficina de Pasaporte y DNI de Tablada (Sevilla) que expliquen «de inmediato» qué día y a qué hora compareció Guerrero, si tenía cita previa y, de ser así, quién la solicitó y cuándo. Los magistrados piden también que se identifique a los funcionarios que le atendieron, los términos en que se desarrolló la conversación y si el condenado exhibió el auto de la Audiencia de Navarra en el que se le imponía la obligación de entregar el pasaporte y en su caso, de obtenerlo, como mantiene su defensa.

Además, en el escrito de la Audiencia se preguntan los motivos por los que la Jefatura no comunicó al tribunal lo ocurrido y si la Oficina del Pasaporte notificó la comparecencia del condenado a sus superiores y en qué momento lo hizo, dado que el intento de obtención de un nuevo documento trascendió tres días después de que se produjese tras una nota en las redes sociales del Cuerpo Nacional de Policía.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Andalucía Occidental informaron de que ya han contestado al requerimiento del tribunal. En su respuesta se insiste en que se cumplió y funcionó «escrupulosamente el protocolo vigente» en estos casos. Así, señalan que cuando la funcionaria que atendió al agente introdujo sus datos en el sistema informático saltó un aviso comunicando la orden de prohibición de salida del territorio nacional y de posesión del pasaporte. Al salir Guerrero de la oficina, la funcionaria comunicó «de inmediato» este hecho a sus superiores.