El consentimiento explícito será necesario incluso en las relaciones matrimoniales

La ley afina una definición para el consentimiento, a través de un enunciado negativo (lo que no es, en vez de lo que sí es): «No existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos (…) su voluntad expresa de participar en el acto». Muy clara en los casos de violencia sexual, también se quiere trasladar al ámbito de la pareja en los casos en que la violencia de género contiene también violencia sexual. «Se traslada igual», dice Victoria Rosell, delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, al explicar la ley de 'Sólo sí es sí'. «La pareja o expareja está igual de protegida, y si la víctima es la mujer hay un agravante. El consentimiento es el mismo de cara a terceros que de cara a tu pareja. No hay un derecho superior por ser la pareja la agredida dentro del matrimonio, como decía la Iglesia».

Según datos del Ministerio de Igualdad, sólo se reporta el 10% de las violencias sexuales. Parte de esa invisibilidad se encuentra puertas adentro de los hogares españoles. «Hay violaciones en el ámbito de la pareja, no sabes exactamente si has dado tu consentimiento o no», explican en el Ministerio de Igualdad. «Pero yo te puedo asegurar que si tu marido es un maltratador te ha violado todas las veces que a él le ha dado la gana. Y comenzar a hablar de eso también es super positivo. Hay un espacio en el que hacer pedagogía, que hay mucha violencia sexual en el ámbito de la pareja».

Todo delito sexual tendrá con esta reforma ese componente implícito cuando no existe el consentimiento explícito de la víctima. «El 'no es no' no era suficiente», dice Rosell. Esta fusión ha implicado que las penas de agresión (ahora todas) bajen al mismo nivel de las condenas por abuso en sus mínimos y se mantenga en 15 años para el máximo con dos agravantes (un primer texto contemplaba bajar esa condena también). Las agresiones sin agravantes pasan a cuatro, cuando antes las penas eran de siete años de prisión. «No bajan las penas», insiste. «El feminismo no es punitivista», sostiene Rosell.

La agresión con un agravante pasa a doce años de prisión, cuando antes tenía 15, pero Rosell explica que «no se puede equiparar la pena de la violación de entonces con la pena de violación de ahora. No se está penando lo mismo más bajo», al añadir la violencia. Con dos agravantes, excluida la violencia ya incorporada en la definición, se mantienen los 15 años de cárcel. «Es más proporcional», prosigue la delegada. «Ampliando el margen se amplía la proporcionalidad de la ley». Sin este margen de actuación judicial, dice Rosell, se enfrentan los extremos. Absolución o prisión permanente revisable. Ante la dicotomía, «la víctima siempre elige la absolución», dice Rosell, por la poca proporcionalidad. Las atenuantes permanecerán igual mientras amplían las agravantes.

Otro aspecto «completamente novedoso y referente internacional», en palabras de la ministra Irene Montero, al presentar el anteproyecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es la «reparación de las víctimas», que tendrán un tratamiento similar «a las del terrorismo», dicen en Igualdad. El «derecho a la reparación» incluye una indemnización por parte del Estado, para su «completa recuperación», sobre todo en las que tienen «graves secuelas». Las cifras y el presupuesto para las indemnizaciones no están determinadas aún, pero se aventura que haber sufrido algún tipo de las violencias sexuales podría impulsar el acceso a las viviendas sociales.