Vox impide la unanimidad en la aprobación de la ley de la Infancia

Y lo hace con el mayor consenso político de la legislatura. Todo el arco parlamentario, de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y la CUP a PP, UPN y Foro, pasando por PSOE, Ciudadanos, Más País, los nacionalistas de PNV y JxCat y todo el Grupo Mixto, en un acto inédito en los últimos años, se felicitó esta mañana por remar juntos para sacar adelante un texto de enorme trascendencia social. «Una legislación pionera en el mundo», aseguró Belarra. Solo los 52 diputados de Vox, que la apodan como «ley Herodes» y la consideran una ley «antihombres», «antifamilia» y que «busca arrasar la inocencia de nuestros niños», evitaron la unanimidad perseguida por el resto de grupos.

Había alegría en el pleno, pero también en los aledaños del palacio de la carrera de San Jerónimo, donde los representantes de organizaciones como Save the Children o de la Plataforma de la Infancia aplaudían, se abrazaban y se fotografiaban con ministros y diputados para celebrar la luz verde lograda por un proyecto que han contribuido a redactar y por el que llevan luchando más de una década. La norma, en la práctica totalidad de sus disposiciones, entrará en vigor el próximo mes, 20 días después de su publicación en el BOE.

La ley de la Infancia, en su punto clave, establece que los pederastas podrán ser perseguidos al menos hasta que su víctima cumpla 40 años, lo que amplía en 17 años el momento en el que hasta ahora tenía efectividad la denuncia por el abuso sexual o la violación sufrida por un niño en el pasado. La prescripción de las agresiones más graves contra niños y adolescentes no empezará a contar hasta que las víctimas cumplan 35 años, por lo que, en la práctica, los pederastas podrán ser sentados en el banquillo hasta que sus supervivientes tengan entre 40 y 50 años. La razón es que el plazo de prescripción de estos delitos oscila entre 5 y 15 años, según la gravedad.

Se trata de algo que sin duda dificultará que el agresor logre eludir el banquillo, cosa que ahora ocurría con demasiada frecuencia, porque, además de que solo el 15% de las víctimas acaba denunciando, la mayoría no da el paso hasta que transcurren décadas desde el ataque: hasta que ya es un adulto emancipado. El hecho de que el 80% de las agresiones sexuales se den en la propia familia del chico o en su entorno explica que tarden en denunciarlas por miedo, por dependencia económica o emocional, o porque están en 'shock'.

La norma ataca el ancestral encubrimiento estableciendo la obligación de denunciar al cónyuge o a cualquier familiar del que se sepa que ha cometido un delito grave sobre un menor, exigencia que se extiende a los profesores y al resto de profesionales que estén en contacto con niños y jóvenes, y endurece los requisitos para conceder la semilibertad o permisos carcelarios a condenados por estos delitos.

Hay otras dos medidas pensadas para los padres maltratadores. La primera es la obligación de retirar la patria potestad a los parricidas y la segunda la suspensión de oficio del régimen de visitas al padre contra el que se dicte una orden de protección y sus hijos conozcan su violencia o la sufran. La ley también prohíbe el llamado síndrome de alienación parental (SAP), el prejuicio del juez que no escucha a los hijos en casos de custodia porque cree que son envenenados por la madre contra el padre. De hecho, manda más bien lo contrario. Todos, jueces o trabajadores públicos, tendrán la obligación de escuchar lo que tengan que decir los menores en todos los procedimientos que les conciernan.

Las enmiendas introducidas en el Senado que hoy fueron ratificadas, además de crear un consejo estatal de niños y adolescentes que asesorará al Gobierno en relación a las políticas que les afectan, recogen la mayor parte de las demandas de las ONG que trabajan con la infancia que no habían entrado en el texto inicial del Congreso. Por ejemplo, aumentan las garantías para preservar la dignidad y los derechos de los inmigrantes a los que el Estado somete a pruebas médicas para comprobar si son menores de edad, por viajar sin documentos y por sospecharse que son falsos. Además de tener que contar con el consentimiento informado del chico, no podrán incluir «en ningún caso» desnudos integrales o exploraciones genitales.

El bloque de enmiendas de más calado fue el que desterró el uso de la fuerza en los centros de menores, tanto en los de protección como en los específicos para problemas de conducta. La nueva ley prohíbe la contención mecánica –atar a menores a camas o anclajes–, la sujeción de las muñecas (esposar) solo se permite como último recurso y en los centros de niños con problemas de conducta, y la inmovilización física solo puede usarse si todo lo demás falla y ante situaciones de riesgo vital o para integridad del menor o de un tercero. Cualquiera de estas intervenciones excepcionales deberán ser notificadas a la Fiscalía y seguirse de un examen médico si se requirió uso de la fuerza.

La justicia dará un trato específico a los niños para evitar su revictimización. La ley indica que, en el caso de menores de 14 años, su primera declaración judicial, sea víctima o testigo, se convertirá en prueba preconstituida y no tendrá que repetirla ni en el juicio.

El texto crea nuevos delitos para perseguir a los que a través de medios tecnológicos o de comunicación promueven el suicidio, la autolesión o la anorexia entre los menores y establece un canal específico para la retirada rápida de internet de cualquier contenido que atente contra la intimidad de un joven. Cada escuela e instituto deberá tener un coordinador de protección que se responsabilizará de que funcionen y se actualicen los protocolos contra el 'bullying', el acoso, los abusos o las agresiones, y en las actividades deportivas y de ocio también tendrá que existir un «delegado de protección» con tareas similares. Prohíbe la publicidad que propague conductas violentas o estereotipos sexistas, racistas u homófobos y se exigirá un certificado de carencia de antecedentes por delitos sexuales para ejercer cualquier actividad que tenga un contacto habitual con jóvenes.

El Senado también introdujo un nuevo apartado por el que pretende que nadie, y especialmente los medios de comunicación, puedan violar los derechos de los niños víctimas mortales de delitos violentos y sus familias, como ha ocurrido hace pocas semanas con Gabriel Cruz, el Pescadito, el pequeño asesinado por la novia de su padre en 2018. Su madre inició una recogida de firmas en marzo para demandar un cambio legal porque una medio digital había aprovechado el tercer aniversario del asesinato del chico para publicar una foto de su cadáver, cuando fue hallado por las fuerzas de seguridad. La nueva ley señala que el tratamiento en los medios de los casos de violencia contra la infancia deberá respetar siempre el honor, la intimidad y la propia imagen del chico y de su familia, «incluso en caso de fallecimiento del menor». La modificación legislativa añade que, «en esta situación, la difusión de cualquier tipo de imagen deberá contar con la autorización expresa de herederos o progenitores».

La iniciativa que no prosperó, por la oposición de PSOE y PP, fue la propuesta defendida entre otros grupos por Unidos Podemos y ERC por la que se pretendía prohibir la presencia de menores en plazas de toros y en escuelas de tauromaquia que enseñen con animales vivos.