El Supremo duda de la legalidad de la reforma exprés sobre las restricciones

Tolosa había reclamado un documento técnico sobre el decreto que reforma la Ley 29/1998 'reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa', que habilita al Supremo a revisar en casación –y en tiempo récord- las hipotéticas negativas de los tribunales superiores de justicia a avalar posibles restricciones dictadas por los gobiernos autonómicos tales como confinamientos perimetrales, toques de queda o topes de asistentes en reuniones, sin el paraguas ya del estado de alarma.

Y en ese primer informe de urgencia, los juristas del más alto tribunal del Estado inciden en que la iniciativa promovida por la vicepresidenta Carmen Calvo tiene muchas lagunas. En primer lugar porque hay una «posible insuficiencia o inadecuación» del rango de la norma empleada (un simple decreto-ley) para regular una cuestión como las restricciones a la libertad de movimiento, reunión o culto «que inciden en derechos fundamentales».

El gabinete técnico además se alinea con el parecer del propio presidente de la Sala III, quien esta misma semana públicamente ha mostrado su disconformidad con la reforma que transfiere al Supremo la responsabilidad sobre las restricciones tras el estado de alarma, hasta el punto de que el propio Tolosa ha afirmado que «los jueces no estamos para gobernar» y que las normas sobre las medidas para atajar la pandemia «corresponden a los poderes públicos». En esa línea, el informe de los juristas del Supremo apunta a la posible inconstitucionalidad de esta reforma porque la misma busca endosar a los jueces una responsabilidad que sería del Ejecutivo. El gabinete llega a asegurar que la reforma del aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez soslaya la división de poderes, al intentar convertir a los magistrados en una «suerte» de «copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de las competencias administrativas compartidas».

Pero las críticas a la reforma de Calvo van todavía más allá, hasta el punto de asegurar sin ambages que el decreto adolece de otros importantes «problemas prácticos» e «interrogantes». Los jueces se quejan de que el Gobierno, obsesionado por forzar al Supremo a fallar sobre las restricciones en menos de dos semanas, ha dejado sin emabargo muchos flecos técnicos sin resolver. «El problema es que la norma, tan preocupada por establecer unos plazos procesales perentorios para este peculiar cauce procedimental, no fija un plazo específico ni para interponer ni para resolver ese posible recurso de reposición, que, se insiste, no excluye», a pesar de que suprimir ese trámite era una de las principales bazas que pretendía Moncloa para acelerar el proceso.

Hay críticas también a que la reforma obligue a las partes a formular recursos sin poderlos «preparar» y sobre todo, a la potestad que se pretende arrogar el Gobierno central de intervenir en el proceso sin haberlo hecho antes cuando se trate de decisiones tomadas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El gabinete se ve en la obligación de recordar al Ejecutivo que una «intervención sobrevenida del abogado del Estado en el procedimiento» iría en contra del principio general del derecho de que en casación –que es una revisión de lo ya sentenciado- no puede haber actores nuevos ni mucho menos «introducir cuestiones nuevas».

Al margen del informe técnico de este jueves, la reforma de la legislación del contencioso para involucrar al Supremo en las restricciones ha sentado muy mal en la inmensa mayoría de los magistrados del alto tribunal. En la sede de Villa de París, además, han desmentido que la reforma fuera consultada con el Supremo como aseguró Carmen Calvo el martes. Es más, tanto el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes como el propio presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se enteraron por la prensa el mismo martes del proyecto de Moncloa de involucrar al alto tribunal en las medidas contra la pandemia.