Recogida de una muestra para realizar una prueba PCR en una instalación de la Diputación de Vizcaya. EP

Sanidad ignora la oferta de un consorcio de laboratorios para hacer 10.000 pruebas al día

El ministerio rechazó el plan de la Alianza Covid-19 que permitía aumentar los test en España un 50% porque «las necesidades de PCR están cubiertas»

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 18 de abril 2020, 00:30

El Ministerio de Sanidad ha ignorado la oferta de un consorcio de laboratorios y empresas tecnólogicas españolas, que le ofrecieron sus servicios para realizar cada día por lo menos 10.000 test PCR de detección de coronavirus a precio de coste. La propuesta de la ... Alianza Test Covid-19 permitía a Sanidad aumentar en más del 50% el número de pruebas que ha venido realizando hasta esta semana (entre 15.000 y 20.000).

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La falta de kits diagnósticos ha sido uno de los grandes lastres de España a la hora de afrontar la crisis de la Covid-19. No saber quién estaba infectado, aunque fuera asintomático, y quién no lo estaba ha disparado el número de contagios, principalmente en las residencias de ancianos. «Hagan test, test, test», es la consigna que repite la Organización Mundial de la Salud a los países porque las pruebas permiten conocer la verdadera dimensión de la pandemia y también preparar la vuelta a la normalidad. De hecho, la necesidad empujó al Ministerio de Sanidad a adquirir precipitadamente en China test rápidos que tenían menos de un 30% de fiabilidad y luego debió devolver.

Mientras esto ocurría, un grupo de empresas españolas formaban un consorcio que se ha dotado de medios para poder hacer test PCR, el procedimiento de referencia: utilizando muestras respiratorias tomadas en las fosas nasales o en la boca, en cuatro horas proporcionan resultados con un 99% de garantía. La alianza está liderada por Arquimea Group, una compañía de 250 trabajadores que provee de tecnología a sectores como el espacial, la defensa, la alimentación o la salud. «A principios de marzo descubrimos que España iba a necesitar hacer millones de test y adquirimos en el extranjero robots fungibles por cinco millones de euros. Después buscamos en España laboratorios más pequeños que no tenían la capacidad de hacer esa inversión, pero sí el capital humano y las instalaciones para realizar test, y nos unimos a ellos», explica Diego Fernández, presidente y fundador de Arquimea.

El 1 de abril, cuando estos laboratorios estuvieron adaptados, la Alianza Test Covid-19 comenzó a realizar pruebas en residencias privadas y en empresas, a 110 euros cada una, y el día 2 se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad y con las consejerías de salud de las comunidades autónomas para ofrecer el mismo servicio a las administraciones públicas por 96 euros, prácticamente sin beneficio para la compañía.

Además, estimaban que con el apoyo público podrían multiplicar por tres el número de test que realizaban para llegar así a los 30.000. «Creíamos que estábamos haciendo algo bueno y que iba a ser muy fácil ayudar ante la necesidad de pruebas. Pero no fue así», cuenta Fernández. Tras varios intentos, incluida otra carta el 10 de abril, lograron contactar con altos cargos del Ministerio de Sanidad y también de varias comunidades autónomas, que sin embargo, no mostraron interés por la oferta.

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«He sentido incluso que nos veían como si fuéramos la competencia, cuando nuestra intención era solo hacer test porque sabíamos que a ellos les estaba costando mucho, pero no ha habido manera», lamenta Fernández, que ante la falta de respuesta de la administración, ha enfocado su actividad hacia el sector privado y también a entidades públicas que sí se han acercado a ellos, como comisarías de Policía.

Las empresas que forman la Alianza Test Covid-19, punteras en los sectores tecnológico, biotecnológico y sanitario y repartidas por las principales ciudades de España, son CIC bioGUNE, BioAssays Epidisease, WORLDPATHOL, LabGenetics y Life Length, fundada por la científica María Blasco, actual directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y por Stephen J. Matlin, su consejero delegado. «Tenemos equipos hipersofisticados que hemos puesto a disposición de la administración y en lugar de decirnos 'bienvenidos', dan la impresión de que nos están haciendo un favor por coger nuestras llamadas», afirma Matlin.

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La Organización Mundial de la Salud anima a los países a realizar pruebas masivas a la población para superar la pandemia

«El ministerio atiende las solicitudes, ofrecimientos y ofertas que llegan para su valoración. De momento, las necesidades de PCR están cubiertas en España con la producción nacional y con las empresas que habitualmente trabajan con los hospitales del país», explicó ayer Sanidad a este periódico. El departamento de Salvador Illa expone que ya existen trece centros validados para hacer este tipo de análisis y que actualmente se están realizando a diario entre 40.000 y 47.000 PCR en España, además de los test rápidos, de los que se han repartido dos millones a las comunidades autónomas.

Al principio de la crisis, Corea del Sur realizó test masivos a su población y consiguió aislar a los contagiados. En Alemania, que ayer anunció que ya tiene la pandemia bajo control, se llevan a cabo 120.000 pruebas diarias, aunque en las jornadas con más contagiados se llegaron a hacer unos 200.000. Son dos casos de éxito en la lucha contra la Covid-19 que demuestran la importancia de los análisis al mayor grupo posible de población.

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Recogida de material sanitario en Ifema.

Inexperiencia, inacción e inseguridad jurídica en la lucha por el material y los test

Conseguir material sanitario como mascarillas y equipos de protección y adquirir test diagnósticos de coronavirus han sido dos de los grandes retos para el Ministerio de Sanidad en esta crisis, y en ambos casos, además de las dificultades de actuar en un mercado saturado, la inexperiencia, la inacción y el cambio del ordenamiento jurídico sobre la marcha por parte del departamento de Salvador Illa han llenado el camino de obstáculos.

El pasado martes, una orden ministerial publicada en el BOE cedía la gestión de los laboratorios privados a las comunidades autónomas. «Ahora nos encontramos con que en vez de hablar con una administración para ofrecerle nuestros servicios, tenemos que hacerlo con 17», explica un empresario del sector. La orden también obligaba a que un facultativo autorizara las pruebas y según la patronal de los laboratorios privados, Anlac, esta medida iba a suponer un retraso en la realización de diagnósticos porque «impide que accedan a estas pruebas personas que necesitan conocer la incidencia del virus en su entorno».

Hace un mes, la decisión de Sanidad de centralizar la compra de material sanitario retrasó la llegada de los equipos de protección. Las comunidades, que habían iniciado sus gestiones con los proveedores, las frenaron ante la posibilidad de que el Gobierno central se incautara del material. Los proveedores lamentaron también que el ministerio no atendiera sus ofrecimientos en los primeros días y criticaron la falta de experiencia de Sanidad, que llevaba 20 años, desde la transferencia de las competencias, sin hacer grandes compras en el extranjero.

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