Sánchez y Ayuso esperarán hasta lunes para abordar la crisis sanitaria en Madrid

"El objetivo es uno: doblegar la curva", explicaron fuentes del Gobierno central, que destacaron que los "equipos de ambos gobiernos están preparando, desde ayer mismo y durante todo el fin de semana, un espacio de cooperación en la lucha contra el COVID-19".

Y mientras Moncloa y la Puerta del Sol dejan para después del fin de semana el estudio de la situación y los mecanismos de cooperación, crece la tensión y la incertidumbre en Madrid después de que el Gobierno regional haya pospuesto en dos ocasiones esta misma mañana la presentación de su plan de choque para frenar la desbocada transmisión del virus en la comunidad. Después de convocar a las 11:30 horas en primera instancia y luego retrasar la rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso a las 13 horas, el Ejecutivo ha anunciado que la presentación del paquete de medidas no será hasta la tarde, aunque no ha precisado hora.

La versión oficial de estos retrasos que mantienen en vilo a los 6,6 millones de madrileños es que «obedecen exclusivamente, al complejo examen jurídico previo de estas para su entrada en vigor en la orden que aprobará la Consejería de Sanidad». Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, según explican fuentes de la comunidad. Y es que los técnicos y juristas del Gobierno autonómico han insistido durante toda la mañana que lo más eficaz sería reclamar al Gobierno central la declaración del estado de alarma en la comunidad para que así el Gobierno regional pudiera contar con una «fuerza coercitiva» para imponer los «aislamientos» de las zonas sanitarias básicas más afectadas de la ciudad y de la comunidad.

La presidenta y su círculo más cercano durante toda la mañana se han negado a reclamar la declaración del estado de alarma, que tanto criticaron durante la primavera, calificándolo incluso de «dictadura». Sin embargo, sus alegatos políticos no han hecho cambiar de opinión a los juristas de la Comunidad de Madrid que no terminan de ver la fórmula legal para imponer confinamientos (aunque el Gobierno regional se niega a denominarlos así) en algunos barrios de varias decenas de miles de personas, limitando derechos fundamentales como la libertad de movimientos de los ciudadanos.

Los técnicos y asesores creen que las recomendaciones o peticiones a la población para que no salgan de sus áreas sanitarias básicas (excepto por motivos labores, escolares o médicos) o para que evite la permanencia en lugares públicos sin motivo no va a funcionar, como ya se ha demostrado con losincumplimientos reiterados de las cuarentenas en las áreas más afectadas de la capital de España.

A la incertidumbre de vivir en la región europea con la mayor tasa de contagios se suman desde el miércoles las comunicaciones contradictorias desde el Ejecutivo regional que han desatado todo tipo de especulaciones después de que el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, anunciara que la comunidad se planteaba confinamientos selectivos en las áreas más afectadas.

La zozobra en estas horas es evidente en la veintena de distritos y municipios de la región con tasas de incidencia (número de casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) que quintuplican como mínimo el ratio de 120 casos por cada 100.000 habitantes que fija el Centro europeo para la Prevención y Control de Enfermedades como listón de riesgo. Se trata de zonas en las que habitan más de 2,8 millones de madrileños (el 40% de la población de la comunidad).

Aunque la práctica totalidad de los 179 pueblos de Madrid y los 21 distritos de la capital supera con creces las tasas de alerta, la situación en algunos barrios obreros de la ciudad es extrema con más de un millar de positivos: Puente de Vallecas tiene 1.240 casos activos por cada 100.000 habitantes, Villaverde 1.157 o Usera con 1.155. En los pueblos la situación es algo mejor y, solo un municipio, Humanes, supera el millar de contagios por cada 100.00 habitantes. Aun así, grandes ciudades dormitorio como Parla, Alcobendas, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes y Torrejón multiplican por cinco los mínimos asumibles por Europa.