300 sanitarios e investigadores reclaman la creación de una autoridad sanitaria independiente

A juicio de los firmantes, la pandemia «ha puesto en evidencia diversas debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS)» y la «necesidad de valorar objetivamente la efectividad, la seguridad y los costes de las tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias, especialmente cuando en algunos casos estas intervenciones tienen costes extraordinariamente elevados, con precios que no se corresponden con sus beneficios en términos de salud».

Los autores del manifiesto, entre los que se encuentran sanitarios de diferentes hospitales de España, catedráticos de universidad, voluntarios de Médicos del Mundo, responsables de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y de la Sociedad Española de Medicina Familias y Comunitaria (Semfyc), ponen sobre la mesa el ejemplo británico, donde existe un organismo llamado Instituto Nacional de la Excelencia en la Salud y los Cuidados del Reino Unido (NICE, por sus siglas en inglés), que examina las políticas relacionadas con la salud. «Estamos convencidos de que el SNS necesita imperiosamente una institución similar (un HispaNice) de evaluación de las prestaciones sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario, y de que la financiación del programa Next Generation EU supone una oportunidad irrepetible para su creación», subrayan.

«Se trataría de crear un órgano de evaluación independiente, al estilo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y con procedimientos y funciones bien definidas, que se ocupe de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con los costes que suponen para el SNS y para el conjunto de la sociedad. Una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias que, desde el análisis de la evidencia científica disponible en cada momento, determine si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan», destacan.

La creación de este organismo es «ineludible», afirman los autores, para «garantizar que las recomendaciones sobre cartera de servicios y sobre intervenciones sanitarias estén basadas en la mejor evidencia científica disponible y en valores sociales consensuados. Una vez realizada la evaluación», añaden, correspondería a los gobernantes 'hacer lo propuesto y, si no, explicar las razones'. De este modo se informaría la decisión política, en ningún caso se la substituiría, dado que la agencia propuesta carecería de facultades ejecutivas. Su funcionamiento debería regirse por los principios de independencia, rigor técnico y buen gobierno, favoreciendo la transparencia de las opciones que se adopten y contribuyendo a la rendición de cuentas en las decisiones públicas»