Un año de pandemia y seguimos elucubrando respuestas

En general, a nivel mundial, existe una escasa cultura de evaluación de riesgo a futuro ante posibles crisis, ya sean por pandemias, por los efectos del cambio climático o por cualquier otra catástrofe. Pero ha habido variaciones sensibles en las respuestas, que se han traducido en distintos resultados. Un análisis de 100 países muestra que aquellos mejor preparados para la emergencia climática también estaban mejor situados para luchar contra la crisis del coronavirus, sufriendo una menor mortalidad.

Más allá de las explicaciones a esta asociación, cabe indagar sobre las barreras que afrontan las políticas sensatas –sean de salud pública o de abordaje del cambio climático– para que se implanten con decisión en cada país.

En el caso español, se conjugan la escasez de políticas de buen gobierno con unos medios de comunicación acríticos. Y eso favorece una suerte de darwinismo inverso en el acceso a los tres poderes del estado, que centrifuga a los más capacitados, que son muchos. Una de las consecuencias inmediatas es la falta de incentivos a las políticas de inversión de futuro, entre otras las relacionadas con la investigación, la salud pública y la educación. En lugar de eso, las agendas mediáticas y políticas se convierten en espacios poco propicios para considerar las cuestiones nucleares de nuestro tiempo.

Debiéramos también aprender de algunas respuestas excelentes del último año. A pesar de la fragilidad que arrastraba el sistema sanitario tras la crisis financiera del 2008, la capacidad del personal sanitario ha sido extraordinaria, respondiendo con flexibilidad y compromiso ante la gran presión asistencial. Su ejemplo, sin embargo, no ha bastado para que las autoridades, más allá del elogio, hayan pergeñado siquiera unas políticas destinadas a ordenar la formación en las áreas de carencia de profesionales, de gestión de personal acordes para retener y atraer el talento, o de incentivos a la excelencia.

La crisis financiera de 2008 dejó también golpeada la investigación española, sobre todo por la miopía política que hasta ahora ha sido incapaz de financiarla adecuadamente y de idear las formas ágiles de desarrollo. Algunas instituciones financiadoras limitan cada vez más la eficiencia en el uso de los recursos. Pese a ello, la dedicación de los investigadores españoles es digna de elogio y logra incluso que lideren el diseño de vacunas prometedoras, aunque se trate de investigadores ya retirados.

En general, la respuesta exhibida por un diverso arco de disciplinas científicas frente a la pandemia ha sido robusta y de alta calidad. No ha sido sólo la puramente sanitaria, en términos de pruebas de diagnóstico ultrarrápido, vacunas, terapias y otras medidas no farmacológicas. También desde las ciencias sociales, las básicas y las aplicadas, las aportaciones han sido de alto valor.

Pese a los esfuerzos investigadores elogiables, un entorno carente de infraestructuras adecuadas y de políticas sostenidas de traslación, junto a una indefinición de estrategia y prioridades, limita la efectividad, conduce a solapamientos innecesarios y desanima a la comunidad científica.

El desolador paisaje lo completan las insuficiencias del desarrollo industrial, que han impedido respuestas inmediatas a las necesidades de productos estratégicos. Todo esto hace pensar que urgen cambios profundos e inmediatos. Hay altas capacidades que, con decisiones políticas de alcance, serían el soporte de transformaciones sociales y económicas considerables.

La dimensión vertical y horizontal de la toma de decisiones frente a la pandemia ha tenido más oscuros que claros. Es cierto que la Comisión Europea ha organizado con más o menos acierto el acceso garantizado a la población de los estados miembros a las dosis de vacuna necesarias . Pero se ha olvidado de propiciar políticas de coordinación de las capacidades europeas –que son muchas– para ponerlas a la disposición de todos los países.

En España, la carencia de instituciones independientes de salud pública, por incumplimiento de leyes vigentes, y la cuasi secular falta de agilidad de los mecanismos de gobierno sanitario relativo a la coordinación y cooperación entre Gobierno estatal y autonomías ha dado lugar a ineficiencias con desperdicio de recursos cuando más falta hacían.

Pese a la magnitud de la catástrofe, las respuestas parecen de restauración, de reducción de daños. Cuando deberíamos observar un cambio radical de enfoques que permitiese integrar el programa Next generation de la Unión Europea en una estrategia general de futuro bien definida. Se esperaría que el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, hubiese diseñado un grupo de trabajo a alto nivel para trazar cambios profundos que presentar a la sociedad en diversas áreas políticas.

Es imprescindible priorizar el buen gobierno con sistemas institucionalizados que garanticen que los tres poderes democráticos del Estado hagan lo que deben hacer: servir a la sociedad. Baste como ejemplo de desmanes que la Ley General de Salud Pública, que contenía previsiones para la situación que vivimos ahora, tiene un cumplimiento bajísimo después de 10 años. No hay mecanismos para que la desconfianza necesaria en los poderes, necesaria y saludable, se transforme en un control eficaz.

En la vertiente de salud, la pandemia debiera ser un punto de inflexión para abordar una transformación radical de la política de salud que abordarse tanto las urgencias aún pendientes –increíble la dejación en el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta para controlar la incidencia en tasas bajas– como a largo plazo.

Las cuestiones claves son la política de personal, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud apostando con decisión por las políticas generadoras de salud que hagan improbable que la población requiera atención médica, las políticas de innovación social, y la gestión apoyada en la digitalización.

La política de salud debe acompañarse siempre de políticas de equidad que reduzcan las desigualdades sociales, es una exigencia normativa y una cuestión de justicia, que, no obstante, se olvida con frecuencia.

Qué decir de la investigación: o se pone en la primera página de la agenda política y se trabaja intensamente en una política de calado o seguiremos con las inercias actuales. La partida destinada a ciencia en los recientes presupuestos inducen a cierto optimismo, habrá que comprobarlo.

Por último, es tiempo, de alinear las políticas públicas con la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Con lo que ha pasado, y en asuntos de sostenibilidad y cambio climático, la banda sigue tocando, llena de retórica hueca y ninguna acción. Parecería que nadie se da por enterado de que es un asunto trascendental, del que dependen las próximas crisis sanitarias y no sanitarias. Y que en el día a día está ausente de la agenda pública de todos los niveles pese a las oportunidades de desarrollo social y económico que tiene para nuestro país.

Quisiéramos ser optimistas y pensar que se presentará en breve una agenda política de cambios radicales que producirán una transformación social y económica similar a la que en su día alumbró el estado de bienestar.

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