El miedo al varapalo en el Supremo desanima a las comunidades a mantener las perimetraciones

Aunque el Gobierno central ha seguido alentando durante las últimas semanas a las autonomías a atreverse a mantener todas las restricciones actuales y acordarlas en el Consejo Interterritorial para convertirlas de «obligado cumplimiento», la práctica totalidad de los servicios jurídicos han rechazado de plano usar este ardid para intentar seguir impidiendo a la población moverse libremente por el territorio nacional.

De hecho, más allá del debate sobre mantener el toque de queda, en las últimas horas casi todas las autonomías se han resignado ya a usar solo los instrumentos de la legislación ordinaria, particularmente la limitación de horarios comerciales, fijación de aforos y, como máximo fijar topes de personas en las reuniones sociales, la única concesión, además del toque de queda,, según coinciden diversas fuentes de los tribunales superiores, podrían estar dispuestos a respaldar los jueces.

La situación ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. A mediados de abril, varias comunidades, como el País Vasco, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha o Cataluña, llegaron a explorar las posibilidades jurídicas de mantener intactos los actuales recortes de derechos fundamentales, sobre todo espoleados por la vicepresidenta Carmen Calvo, que llegó a defender que los acuerdos del Interterritorial podían servir de sucedáneo al estado de alarma. Pero la decisión del Gobierno central de endosar al Supremo la responsabilidad de avalar esos recortes de libertades y la aprobación del decreto que obliga al alto tribunal a hacer público su fallo en menos de dos semanas ha congelado definitivamente los ánimos restrictivos de las comunidades que ya se habían enfriado mucho con la avalancha de constitucionalistas que avisaron que la interpretación de Calvo no era, ni mucho menos, unánime.

El hecho de que la propia Moncloa haya reculado en su proyecto de mantener a capa y espada la Interterritorial y que haya implicado directamente al Supremo ha animado a buena parte de las autonomías a descartar el pasarse de frenada y enseñar finalmente sus cartas, de paso, tranquilizar a una población hastiada con las limitaciones.

Y así, hasta el momento, ya son una docena las comunidades las ya han anunciado formalmente que a las 23:59 horas del sábado dejan de estar cerradas. Galicia, Cantabria, Navarra, Cataluña, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Baleares y Canarias ya han confirmado que acaban con las perimetraciones regionales, pero es probable que todas las demás autonomías peninsulares se unan a esta nueva ola abolicionista. De hecho, ninguna comunidad, por el momento, ha prometido seguir cerrada.

A tres días del fin del estado de alarma hay algo menos de unanimidad sobre el toque de queda. Cataluña, Andalucía y Castilla y León han anunciado que no lo mantendrán el toque de queda cuando decaiga la legislación especial, mientras que Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Baleares han dicho que sí tienen intención de limitar la movilidad nocturna. Este jueves el Superior de Baleares, en una decisión inédita de avanzar el sentido de su fallo sin que se le presentara un recurso oficial, anunció que sí que está dispuesto a autorizar el toque de queda de 23 a las 6 horas de la mañana y la limitación a seis personas de los encuentros privados.

Pero el prometido aval del TSJ Balear a los toques de queda no garantiza nada. De hecho, la decisión fue tomada con el voto a favor de tres jueces y el rechazo de los otros dos.

Y es que los tribunales y la Fiscalía – «para los gobiernos que quieran verlas», como dicen altos responsables de la judicatura- están dando señales cada vez más claras de que son de la idea de que si se decretó el estado de alarma fue para algo y que intentar mantener los recortes sin este paraguas no es viable. El propio presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, ya ha avisado públicamente a las comunidades de que no van tener barra libre y que tendrán que justificar muy bien ante los tribunales «el sacrificio de derechos en pos de objetivos sanitarios».

La advertencia del presidente de la sala que va a tener que decidir sobre la legalidad de los cierres también ha calado en las últimas horas en la mayoría de los superiores de justicia, aunque no lo haya hecho en el de Baleares. Los jueces de los tribunales regionales, que en primera instancia debería confirmar las hipotéticas restricciones de derechos fundamentales, saben que si avalan recortes de libertades pueden recibir un revolcón «casi instantáneo» por parte del alto tribunal, dejándole en evidencia su criterio en cuestión de solo unos días.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también este jueves adelantó su parecer sobre las restricciones propuestas por la Generalitat, solo avaló mantener el tope de 6 personas en las reuniones sociales. El Gobierno catalán no se ha atrevido a proponer prorrogar el toque de queda y más allá a de las reuniones impondrá solo limitaciones de aforo que no son contestadas por la justicia. «No hemos querido ir más lejos. Tenemos el convencimiento de que el Supremo no va avalar recortes de derechos fundamentales», resume un alto responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat.