La lista de espera de la dependencia crece por primera vez en tres años

Pero la cifra de españoles con problemas de dependencia que están desatendidos por las administraciones es realmente mucho mayor. A los que están a la espera de recibir las ayudas comprometidas hay que sumar los 160.000 con su expediente iniciado desde hace muchos meses y que no tienen derecho alguno porque están pendientes de la valoración del especialista. Aquí también subió en 2019 la lista de espera por primera vez en tres años, con 30.000 personas más a expensas de valoración. De esta manera, los dependientes totalmente desatendidos por los poderes públicos se elevan a 426.000, unos 50.000 más que en 2018. Y, lo que es peor, el 42% de ellos pertenecen a los grados II y III, correspondientes a pacientes con altas necesidades y grandes dependientes.

La razón principal de este empeoramiento en el funcionamiento del sistema hay que buscarla, según José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, en la cada vez más «insuficiente financiación del Estado», que ha «asfixiado» ya a muchas comunidades autónomas, que no pueden seguir poniendo fondos propios en cantidad suficiente para satisfacer el constante aumento de la demanda, alentada por el envejecimiento de la población. Las autonomías ponen el 80% del gasto público y el Estado aporta 459 millones menos que en 2012, muy lejos del 50% de cofinanciación a que se comprometió por ley, una situación agravada por dos años con Presupuestos prorrogados. El Estado solo contribuyó el año pasado al 15,6% del gasto en dependencia, seis décimas menos que en 2018 y cinco puntos menos que las familias de los dependientes, que aportan el 20,7% con los copagos.

Ramírez advirtió que se ha llegado a una situación crítica y que si el Gobierno no aporta al sistema con urgencia los 500 millones adicionales que tiene comprometidos desde los fallidos Presupuestos de 2019, este año terminará con un cantidad de dependientes desatendidos superior a los 450.000, 30.000 de los cuales -calcula- morirán sin haber recibido nunca los servicios y ayudas que tienen concedidos desde hace tiempo.

El experto insistió en que para que estos enfermos desatendidos tengan alguna esperanza la aportación adicional se tiene que realizar en marzo o abril, a través de un decreto del Consejo de Ministros, porque si se espera a los Presupuestos, que no se aprobarán antes del otoño, 2020 será otro año perdido. «Los dependientes, el 52% mayores de 80 años, no tienen tiempo para esperar», recordó.

El informe considera que con la aportación adicional de 500 millones se podría recortar la lista de espera en unas 80.000 personas este año y que si PSOE y Unidos Podemos cumpliesen su promesa de mantener una cantidad similar en cada ejercicio de la legislatura sería posible terminar por completo con los retrasos.

El análisis destaca otras dos disfunciones graves del sistema. Los recortes desde 2012 han incrementado los problemas de gestión y han colocado el tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia en 426 días -785 en Canarias- frente a los seis meses máximo que prevé la ley. Por otra parte, la misma falta de financiación lleva a priorizar las autorizaciones de los pacientes con necesidades más leves -menos costosos- frente a las de los grandes dependientes, que son los que con más urgencia precisan las prestaciones y ayudas.