Juzgados ordinarios de diferentes provincias han abierto ya 22 causas penales tras apreciar indicios de delito en las denuncias presentadas por la muerte de ancianos en residencias geriátricas. En la Comunidad de Madrid existen seis procedimientos en marcha, en Castilla y León cinco, en Cataluña ... y Murcia tres, en Castilla-La Mancha dos y una causa en Extremadura, Galicia y Aragón.
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Los datos fueron facilitados este martes por la Fiscalía General del Estado, que por su parte tiene en marcha 166 diligencias penales por denuncias de asociaciones, sindicatos, partidos políticos o particulares. La semana pasada eran 140 diligencias y hace dos semanas, 134, por lo que siguen creciendo las pesquisas de las fiscalías provinciales en todo el país. Si tras concluir la instrucción los acusadores públicos aprecian indicios de delito remitirían las pertinentes querellas a los juzgados territoriales correspondientes.
Fuentes jurídicas precisaron que se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como homicidio imprudente, abandono de personas incapaces o maltrato. Se sabe que solo el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias, en las que piden investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otros. Se trata de personas que no han sido derivadas a hospitales, no se les hizo la prueba, no se les facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa.
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De las 166 investigaciones penales actualmente en trámite y contabilizadas por la Fiscalía casi la mitad (79) se encuentran en la Comunidad de Madrid, seguida de lejos por Cataluña (30), Castilla y León (17), Castilla-La Mancha (16) y Galicia (12). Por su parte, a la cola se encuentran seis comunidades (Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra y el País Vasco), que no tienen a día de hoy abierta ninguna diligencia penal, alguna de ellas porque han sido archivadas por ausencia de delito. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, solo hay una en Gandía.
Más allá de las investigaciones penales, la Fiscalía también ha impulsado 211 diligencias de índole civil en el marco del seguimiento de la situación de las residencias y centros de mayores distribuidos por todo el país.
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Una plataforma de afectados comenzará en Cataluña su ofensiva con una demanda civil
La madre de Ángel Juárez había entrado un mes antes de contagiarse por coronavirus en la residencia Parc del Clot, en Barcelona, preteneciente al Grupo Arrels. Pagaba la nada desdeñable cifra de 2.300 euros mensuales. La señora empezó con décimas de fiebre y a los pocos días se fue complicado. El médico del geriátrico estaba de baja por la Covid-19 y los dos enfermeros que quedaban no daban a basto. Fue ingresada en el hospital y los graves efectos del virus se contuvieron durante diez días. Pero empeoró de repente y no hubo opción de usar un respirador para salvarla. «Bomba de morfina y a paliativos. Al menos mi hermano pudo acompañarla durante su último aliento». Así fue su final. «En su entierro sólo hubo tres personas; es el drama de muchas familias», lamentó ayer Ángel.
Juárez es una persona muy involucrada en la vida asociativa de Tarragona. Ecologista y poeta, ha decidido liderar la respuesta de la sociedad civil al drama de las residencias. Lo hace como portavoz de la Plataforma 'Afectados Coronavirus', que nace con la intención de «dar dignidad y justicia» a las víctimas. En su caso particular, considera que hubo una falta de control administrativo sobre esta residencia, en este caso de la Generalitat catalana, y apuntó que en ese centro privado murieron otras 11 personas.
Adelantaron ayer, en rueda de prensa, que el primer paso será una reclamación colectiva a la administración y si a los seis meses no hay contestación, comenzará el proceso contencioso. El catedrático de Derecho Administrativo y abogado del demandante, Alberto Ruiz Ojeda, destacó que se trata de una excelente noticia que los ciudadanos afectados «decidan organizarse para el ejercicio pacífico de sus derechos y libertades públicas». Y sobre los nuevos casos que puedan estudiarse, indicó que es importante que se pueda demostrar el daño causado y decidir las acciones por la vías civil, penal o administrativa.
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