A la 'Estrategia de Vacunación contra la covid-19', un minucioso plan elaborado por más de 30 expertos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, se le ha abierto una brecha por el lugar menos esperado: la detallada relación de los grupos prioritarios, que ... sitúa a los residentes de los centros de mayores, a sus cuidadores y a los profesionales de la primera línea contra el coronavirus como los primeros en recibir la inyección, tenía que ser seguida por las comunidades a rajatabla, pero algunas irregularidades han hecho saltar las alarmas y las quejas.
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El caso más llamativo hasta ahora se produjo el fin de semana en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Una cifra sin cuantificar de extrabajadores (probablemente cientos), que no se encuentran en ninguno de los grupos prioritarios, acudieron a las instalaciones de este centro sanitario para vacunarse, convocados a través de un grupo de Whatsapp, según adelantó la Ser. El hospital explicó que la vacunación iba dirigida solamente a aquellos jubilados del centro que cumplen labores de voluntariado, aunque la noticia se extendió entre el resto de los extrabajadores, que entendieron que ellos también podían recibir la vacuna.
La dirección del hospital afirma que, cuando supo de esta circunstancia, «frenó» la inmunización «de todo aquel que no estuviera en el grupo de profesionales autorizado, reordenando el flujo de vacunación». Hace dos semanas, un hecho similar ocurrió en el geriátrico Casablanca Valdesur, de Madrid, que inmunizó a familiares de usuarios de la residencia saltándose los protocolos.
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En otras circunstancias, pero no menos flagrantes, han sido las vacunaciones de varios políticos, de diferente signo, que tampoco estaban entre los grupos de riesgo. El PSOE ha suspendido de militancia a cuatro alcaldes por inmunizarse sin que les correspondiese. Los socialistas abrieron expediente y suspendieron cautelarmente al alcalde de Rafelbunyol (Valencia), Fran López; al alcalde de El Verger (Alicante), Ximo Coll; a la alcaldesa de Els Poblets (Alicante), Carolina Vives (casada con Ximo Coll); y a la alcaldesa de Torrecampo (Córdoba), Francisca Alamillo. Por parte del PP, el alcalde de La Nucía (Alicante) y diputado provincial, Bernabé Cano, y el concejal de Sanidad de este municipio, Manuel Alcalá, se han vacunado, aunque alegan que son «personal sanitario». En Cataluña, el alcalde de Riudoms (Tarragona), Sergi Pedret, y otro concejal de JxCat de esta localidad también recibieron la vacuna.
Para evitar más situaciones de este tipo, la Comunidad Valenciana ha cambiado su protocolo y ahora recomienda que si hubiera dosis sobrantes, se deben inyectar a personas mayores que forman parte del segundo grupo prioritario.
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El coronavirus, en datos
En todos los casos irregulares se repite la misma argumentación: los vacunados afirman que se inyectaron las dosis porque si no, se iban a echar a perder, una explicación que choca con la escasa cantidad de material del que que dispone España y que lleva a pensar en una mala planificación, preparación o administración de las vacunas, es decir, en el incumplimiento de un pautado protocolo elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (llamado 'Recomendaciones para utilizar con seguridad las vacunas contra la covid-19') que busca sacar el máximo rendimiento al compuesto disponible.
Este documento dice que las dosis de Pfizer necesitan conservarse a alrededor de menos 80 grados; que cuando se descongelan, pueden mantenerse cinco días en un frigorífico a entre dos y ocho grados, y a la hora de ser utilizadas, 'sobreviven' a temperatura ambiente durante cinco horas. Con estas indicaciones, y con un listado de quién se va a vacunar, sólo deberían descongelarse las dosis que se van a utilizar, no todas las que llegan a una residencia o a un hospital. Cuando se sigue al pie de la letra, no debe sobrar ni una dosis.
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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, calificó este lunes como «inadminisibles» estas situaciones. «Todo el mundo sabe las dosis que va a recibir y todo el mundo tiene que hacer una planificación, y aquí es muy importante que todos, especialmente los servidores públicos, respetemos el plan de vacunación», dijo Illa en La Sexta. Según este plan, todos los miembros del grupo prioritario, unos 2,5 millones de personas, estarán vacunados a finales de marzo.
Los protocolos sanitarios de las inmunizaciones son muy estrictos. «Es necesario planificar adecuadamente la vacunación teniendo en cuenta a quien se va a vacunar (disponer de listados), dónde, cuándo y con qué vacuna se va a realizar, para evitar pérdidas de dosis», reza el documento de Sanidad, y cuando acaba la inyección, se debe «registrar» los datos del inmunizado.
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