Inacción e inexperiencia en la compra de material

A la hora de hacerse con material sanitario en China, el gran productor mundial, España tenía una ventaja: había visto que la crisis del coronavirus estallaba en Italia y todo hacía indicar que España iba a ser el siguiente país. Pero en aquellos días, y pese a la excelente relación entre los gobiernos español y chino, no se hicieron gestiones para encargar material, o por lo menos, no dieron ningún fruto. Tan sólo algunas comunidades autónomas habían comenzado a moverse.

Que el Gobierno central se encargara de comprar en China todo el material parecía lógico. Se podría lograr más volumen y mejor precio que cada comunidad autónoma negociando por su cuenta. Pero el paso de los días ha demostrado que la centralización de las compras fue una decisión catastrófica.

Las comunidades que habían iniciado gestiones para adquirir material con proveedores chinos frenaron en seco ante la perspectiva de que el Gobierno central iba a negociar en nombre de todos; pero si alguna seguía con intención de comprar en China, las ganas se le pasaron cuando el Gobierno, en el decreto de alarma del 14 de marzo, estableció que todo el material sanitario que hubiera en España podía ser requisado para ser distribuido en cualquier lugar. Ninguna quería que los equipos comprados con su dinero acabasen en otra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó el jueves 19 de marzo al Gobierno de bloquear en Barajas el material médico que había comprado su región. Quizá no fue un bloqueo voluntario, pero entre el 16 y el 18 de marzo, el material que algunas comunidades, principalmente Madrid, ya habían comprado y que había llegado a España permaneció en Barajas sin llegar a los hospitales. Mientras tanto, los profesionales sanitarios se enfrentaban al virus sin equipos.

Desde 2002, cuando se hicieron las últimas transferencias sanitarias a las comunidades, el Ministerio de Sanidad no había realizado grandes compras internacionales de productos sanitarios. Eran las regiones las que conocían a los proveedores y tenían engrasados los procesos. Por inacción, inexperiencia o por un exceso de prudencia (el miedo a comprar material defectuoso), Sanidad no pudo anunciar esa semana ninguna gran operación y los ministerios de Industria, Hacienda y Exteriores se tuvieron que involucrar.

El director de Emergencias, Fernando Simón, admitió el martes que la falta de protección era una de las causas que estaba disparando el número de contagios. Las imágenes de los profesionales haciéndose sus propios equipos con bolsas de basura dieron la vuelta al mundo y ante la carencia de operaciones concretas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, salió públicamente a afirmar que el Gobierno seguía «al máximo nivel de movilización». Pero en esos momentos, el mercado internacional ya se había convertido en una lonja. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, definió la situación cuando dijo que España estaba «en una guerra» con otros países por conseguir material sanitario de China. Mientras tanto, también fracasaban algunas gestiones de las comunidades: Díaz Ayuso había anunciado dos días antes que dos aviones estaban preparados para salir de China con material destinado a Madrid. Esos aviones, el sábado 28, aún no habían llegado.

Por fin, Salvador Illa pudo dar una buena noticia: España había cerrado un acuerdo con China por 432 millones de euros para que el país asiático enviara 550 millones de mascarillas, 950 respiradores, 5,5 millones de test rápidos para detectar el coronavirus y 11 millones de guantes. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, hacía otro anuncio: su institución había cerrado una gran compra de material que llegará a los hospitales españoles dentro de dos semanas. Demasiado tarde, decían los profesionales.

Cuando parecía que el Gobierno encarrilaba la crisis de la falta de material, llegó otro revés. Sanidad tenía que admitir que 9.000 test de detección rápida de coronavirus daban resultados no fiables. La Embajada de China en España agravó la situación al publicar en su cuenta de Twitter que la empresa a la que el Ministerio de Sanidad había comprado los kits no tenía licencia oficial en el país asiático. El último mazazo llegó el viernes, cuando Sanidad tuvo que admitir que no eran 9.000 pruebas rápidas las que no funcionaban, sino 640.000. Además, la misma empresa sin licencia en China será la que reemplace los kits.