El estudio de seroprevalencia sufre un nuevo retraso

Este nuevo retraso se debe a que algunas comunidades autónomas, a través de cuyos centros de atención primaria se realizará el estudio, no están preparadas aún para poner en marcha la logística que requiere testar a más de 90.000 personas en todo el territorio. Estas han sido seleccionadas al azar en 50 provincias y en Ceuta y Melilla por el Instituto Nacional de Estadística para que resulten lo más representativos posibles.

Sin embargo, ninguno de ellos ha sido avisado todavía de su participación ni tampoco para que puedan dar su consentimiento, según reconoció el propio Illa en la Comisión de Sanidad celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados. «Por supuesto la participación en el estudio es voluntaria, pero es fundamental que colaboren para que esto sea una foto real», añadió.

A todos los ciudadanos que participen en este estudio coordinado por el Instituto de Salud Carlos III, tanto niños como adultos, se les realizará un test rápido de inmunocromatografía, con el fin de conocer la presencia, o no, de anticuerpos en sangre; un test de medición de anticuerpos en suero; y un cuestionario epidemiológico con el fin de comprobar la existencia de un diagnóstico previo del Covid-19, la presencia o antecedentes de síntomas compatibles con esta enfermedad y los principales factores de riesgo conocidos.

Datos que también servirán para conocer la incidencia territorial de la enfermedad, pero que no estarán completos hasta principios de junio ya que la duración prevista del estudio es de ocho semanas. Por ello, Sanidad tendrá en cuenta los «resultados parciales» en su toma de decisiones y el desconfinamiento se iniciará sin las conclusiones definitivas.

El titular de Sanidad también confirmó lo que avanzó el sábado pasado el presidente del Gobierno, que se optará por un «modelo asimétrico» para el desconfinamiento en el que no necesariamente las zonas en las que se levanten las restricciones deban corresponder con comunidades o provincias enteras. «Es una tarea ingente. Claro que vamos a tener en cuenta criterios económicos y sociales, pero estarán supeditados a los criterios sanitarios, en base a unos marcadores que nos indicarán cuándo se pueden iniciar las fases de desescalada», aseguró Illa.

Ante las preguntas de los diputados de la oposición, el ministro reconoció que tienen «más dudas que respuestas», pero valoró positivamente las medidas tomadas hasta ahora, en concreto, frente a las críticas que al comienzo de la crisis sanitaria pedían confinar solo los primeros focos de la epidemia: Cataluña,la Comunidad de Madrid y la provincia de Álava. «El modelo de Estado ha sido puesto a prueba por el coronavirus. Podemos decir hoy, los datos lo avalan, que fue un acierto tomar la medida del estado de alarma el 14 de marzo para el conjunto de España, no solo a regiones concretas», reiteró.

En cuanto a la regulación de los precios de mascarillas para su venta al público, el ministro avanzó que las farmacias que hayan comprado estos productos sanitarios por encima del importe máximo fijado (0.96 euros) no serán compensadas.

Unas medidas duramente criticadas por el presidente de la patronal de farmacias, Luis de Palaci, que aseguró ayer a EFE que «podrían provocar desabastecimiento si empeorase las condiciones globales de suministro o aumentase mucho la demanda, que pensamos que aumentará».