El Gobierno tutelará a las comunidades en la lucha contra los rebrotes

El borrador, al que las autonomías podrán presentar «aportaciones» antes de su aprobación definitiva en los próximos días en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, subraya que el plan persigue un doble objetivo. Por un lado, reducir el «impacto» de la pandemia mediante el «fortalecimiento de intervenciones rápidas, oportunas y eficaces», un escenario en el que ya se encontraría inmersa España con más de un centenar de rebrotes activos. Por otro lado, preparar las «capacidades» del país para un panorama más negativo: una segunda ola de transmisión de SARS-CoV-2, que los informes de los expertos de Moncloa ya no descartan en absoluto, sobre todo vista la evolución de la pandemia durante este julio.

En ese plan de posible reescalada -que el Gobierno ya tiene perfilado tan solo tres semanas después de que España culminara la desescalada- se insiste una y otra vez en que «las actuaciones de preparación y respuesta deben adoptarse de forma consensuada y coordinada por los distintos agentes implicados», si bien también se deja claro que la «gestión estratégica» quedará en manos exclusivamente del Comité de Dirección de la Covid-19 creado en el Ministerio de Sanidad y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que supervisa también el departamento que dirige Salvador Illa. Según el borrador, por tanto ninguna comunidad podrá ir por libre en su lucha contra los brotes.

 Tampoco dos o más autonomías podrán coordinarse entre ellas para poner en marcha medidas que afecten a sus territorios. El plan deja en manos exclusivamente de Sanidad cualquier decisión, eso sí previo «conocimiento» del Consejo lde Sistema Nacional de Salud y con «audiencia de las comunidades directamente afectadas». En el caso de haya «situaciones de urgente necesidad», el Gobierno central podrá incluso soslayar cualquier consulta a las comunidades, aunque el texto fija que «todas las actuaciones de intervención deben ser adoptadas respetando el marco constitucional de distribución de competencias entre las comunidades y la Administración General del Estado».

En esencia, todo el plan de respuesta, a falta de vacuna o tratamiento eficaz contra el coronavirus, pivota sobre la «vigilancia y la alerta precoz», al tiempo que da todo el poder al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) de Fernando Simón, que será el que realizará una «evaluación de riesgo» en coordinación con la comunidad autónoma para evaluar el grado de amenaza de los brotes.

La evaluación de riesgo para cada comunidad tendrá en cuenta, entre otros, el ámbito territorial que se está evaluando; los indicadores relativos a la situación epidemiológica, capacidad asistencial y capacidad de salud pública; la exposición al riesgo; las características de la población susceptible expuesta o la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.

El plan recoge medidas de respuesta para entornos específicos como son centros educativos, centros sanitarios, centros sociales y socio-sanitarios residenciales, entorno laboral, poblaciones socialmente vulnerables o entornos de alta concentración de personas.

El texto hace especial hincapié en la necesidad de que España tenga el músculo de respuesta sanitaria y asistencial que no tuvo la pasada primavera. Los requerimientos a las autonomías son innumerables: sistemas de alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año; capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica; equipos de protección individual; capacidad suficiente de camas de agudos y de cuidados críticos con capacidad de respiración mecánica invasiva (entre 1,5 y 2 camas de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes); planes de atención a domicilio; circuitos diferenciados para enfermos de la Covid…

Y no solo respuesta y músculo asistencial, sino que las comunidades deben tener, según el borrador, «una reserva estratégica de productos críticos que pueda cubrir las necesidades durante un periodo de 8 semanas».