El Gobierno se da hasta el próximo lunes para decidir sobre el confinamiento domiciliario

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por primera vez se atrevió a dar una fecha, el 9 de noviembre, como tope para decidir si se sigue adelante como hasta ahora o se da a las comunidades la herramienta legal para decretar el encierro en casa las que así lo quieran. En tal caso, sería un nuevo decreto de estado de alarma que reclaman de forma oficial u oficiosa cada vez más territorios, además de las dos ciudades autónomas.

«Vamos a intentar que eso (el encierro en los domicilios) no llegue. Hemos tomado medidas importantes para ver qué resultado tienen, así que no adelantemos fases y centrémonos en cumplir todas las normas y esperemos hasta el día 9 para evaluar las actuales medidas, siguiendo día a día las circunstancias como hay que hacer en una pandemia como ésta», explicó la número 2 del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Calvo confirmó que la decisión de este tipo de confinamiento domiciliario «es una limitación del derecho fundamental a la libertad deambulatoria, por lo que «solo puede decretarlo el Gobierno de España».

Será a partir de ese 9 de noviembre, según los planes de Moncloa, cuando se analicen si las restricciones ya en marcha (fundamentalmente los toques de queda, cierres de hostelería y confinamientos municipales y autonómicos) son suficientes. No obstante, los técnicos del Ejecutivo central, conscientes de que el margen de maniobra cada día que avanza es menor y que la posible ampliación del toque de queda y de los cierres de bares y restaurantes podrían tener «escasos efectos», desde hace ya una semana trabajan en un borrador con las vista puesta mediados de mes por si fuera necesario ese nuevo decreto. Un texto en el que, no obstante, el Gobierno central no asumiría el mando único, ya que serían las autonomías las que determinarían hasta donde llegan en los aislamientos de sus poblaciones.

Pero oficialmente, el mensaje del Gobierno siguió este martes siendo el mismo: no hablar por el momento de la posibilidad de tener que recurrir al encierro en casa mientras antes no se quemen todas las naves. «Confiamos en que las medidas que se han adoptado por parte de las comunidades autónomas, en algunos casos duras, contundentes, puedan surtir el efecto deseado. Y en esa hipótesis trabajamos siguiendo los criterios técnicos», insistió la ministra Portavoz, María Jesús Montero. Idéntico razonamiento le hizo el ministro Salvador Illa a los responsables sanitarios de Asturias, que el lunes se convirtió en la primera comunidad en reclamar oficialmente a Moncloa que le permita el cierre comunitario. «El ministerio considera que debe darse tiempo para ver los efectos de estas medidas (ya implementadas) y comprobar su eficacia en la evolución de la pandemia, antes de dar nuevos pasos», fue la escueta respuesta a la petición del Principado.

Pero la presión creció un día más. A Asturias y Melilla (que también durante el fin de semana pidió que se le permita el encierro por tener las más tasas infectivas de todo el país, pues se acerca a los 1.400 casos cada 100.000 habitantes), se unió este martes con idéntica petición Ceuta, también muy azotada en esta segunda ola. El Gobierno de la ciudad que lidera Juan Vivas (PP) pedirá este miércoles formalmente en el Consejo Interterritorial de Salud a Illa, que permita el confinamiento domiciliario y cierre de la actividad no esencial para contener la propagación de la pandemia.

La Junta de Castilla y León no llegó este martes a sumarse oficialmente a las comunidades que solicitan un nuevo estado de alarma, pero anduvo cerca. Su presidente Alfonso Fernández Mañueco exigió al Gobierno central que «asuma las medidas de excepción que la excepcional situación requiere», entre ellas, «el confinamiento si fuera preciso». Mañueco reclamó al Ejecutivo de Sánchez que se involucre poco antes de anunciar el cierre durante dos semanas de toda la hostería, los centros comerciales y los centros deportivos, además de prohibir las visitas en las residencias.

Varios Ejecutivos regionales dejaron este martes, en mayor o menor grado, abierta la puerta a adoptar más restricciones para la ciudadanía.. Así, aunque el presidente andaluz, Juan Moreno, abogó -como el Gobierno central- por esperar a principios de la próxima semana para ver si cae la propagación, advirtió que no descarta el aislamiento domiciliario con la vista puesta a salvar la Navidad. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, también admitió que ese tipo de cierres en su comunidad también «están encima de la mesa».

Hay otro grupo de territorios, con Euskadi a la cabeza, que sin descartar por el momento pedir el estado de alarma, creen que todavía el cierre de la hostelería y otras medidas restrictivas podría servir para esquivar el confinamiento domiciliario. Sería el caso de la Comunidad Valenciana, que a pesar de estar entre las autonomías con menor incidencia del coronavirus prorrogó este martes el cierre perimetral de la región.

También Aragón -que tiene más del 50% de sus camas de UCI ocupadas por pacientes de covid-19- anunció más limitaciones; la principal, que a partir de las ocho de la tarde deberán cerrarse todas las actividades y servicios no esenciales, incluida la hostelería y el comercio, además de prohibir toda actividad deportiva en interior hasta nueva orden. Además, amplía el confinamiento perimetral de sus tres capitales a toda la provincia: Zaragoza, Huesca y Teruel.

Mientras que las autonomías que están por debajo de la incidencia acumulada de la media nacional (como Madrid, Valencia, Cantabria, Galicia o Baleares) descartan de manera tajante tener que recurrir al estado de alarma por ahora, otros territorios con tasas máximas de contagios (como Navarra, Aragón o La Rioja) mantienen en silencio sobre su posición oficial.