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El Gobierno ya tiene un plan B jurídico para asistir a las comunidades si los rebrotes en sus territorios llegaran a dispararse hasta el punto de que la transmisión comunitaria del virus se desbocase e hiciera necesarias medidas generalizadas de restricciones de derechos fundamentales.
Los responsables de Moncloa y de Sanidad en los últimos días ya han comunicado a algunos de los gobiernos y consejerías de las autonomías más afectadas por los nuevos focos que el Ejecutivo central estudiaría, y llegado el caso, aprobaría reales decretos de estado de alarma «parciales» con vigencia para determinadas zonas de una comunidad autónoma o para la autonomía completa si algún gobierno regional llegara a demandárselo ante la imposibilidad de controlar los rebrotes con las medidas que les permite la «legislación ordinaria» nacional a través de la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011 y o las respectivas normativas autonómicas de salud pública.
En particular, según revelaron este viernes a este periódico responsables del Gobierno, el Ejecutivo central promovería la aprobación de esos estados de alarma parciales, y siempre a instancias de las comunidades, si las autoridades autonómicas consideraran que para controlar la expansión de los agrupamientos infectivos de sus zonas tuvieran que recurrir a la limitación «más extrema» de movimientos de la ciudadanía: el «confinamiento domiciliario masivo».
Según los informes de los servicios jurídicos del Estado, recabados esta semana a raíz de la negativa judicial primigenia a avalar el confinamiento de la comarca ilerdense del Segriá, solo la orden de encierro generalizado en casa necesitaría del estado de alarma. Los confinamientos perimetrales u otra medidas como «limitación de actividades, del desplazamiento de las personas o de prestaciones de servicios» (tanto públicos o privados) podrían hacerse directamente desde los gobiernos autonómicos, según el dictamen de los expertos del Ministerio de Justicia, aunque siempre con la ratificación de los juzgados competentes.
El Ejecutivo, en el propio Plan de Respuesta Temprana ante una segunda posible ola de la Covid aprobado esta semana, ha querido incluir expresamente el recordatorio a las comunidades de que el estado de alarma está siempre ahí. «El Gobierno puede declarar, mediante real decreto, el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca, entre otras situaciones, crisis sanitarias, tales como la pandemia por Covid», apunta textualmente el texto, que insiste en que esta herramienta puede entrar en juego, no solo cuando la emergencia afecte a más de una comunidad, sino simplemente cuando las « medidas previstas en la legislación ordinaria resultan insuficientes» para frenar una nueva expansión generalizada del virus.
El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, hoy mismo quiso dejar claro que, aunque por el momento el Gobierno sigue confiando en que las medidas puestas en marcha por las comunidades serán suficientes para atajar los rebrotes, la posibilidad de volver a usar el estado de alarma sigue sobre la mesa. «Si la situación requiere una acción más contundente con una limitación de algún derecho fundamental de forma generalizada, que nadie dude de que actuaríamos, aunque no estamos en ese escenario porque los brotes activos se están logrando contener con las medidas que se están aplicando«, apuntó en una entrevista en Onda Cero.
«Hay que esperar unos días, pero las medidas que han tomado son, a juicio de nuestros expertos, las que había que tomar», explicó el ministro de Sanidad, tras reconocer que el Gobierno era consciente de que una vez finalizado el estado de alarma se iban a originar brotes, como ha ocurrido en «todos» los países que han controlado la pandemia.
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