El Gobierno interviene la sanidad privada para evitar el colapso de la red pública por la pandemia

El departamento que dirige Salvador Illa, con esta medida extrema, espera contar en todo el país con 158.000 camas disponibles y más de 40.600 profesionales sanitarios. Se trata de unas cifras que según los técnicos de Emergencias de Sanidad deberían ser más que suficientes para enfrentarse al «más pesimista de los escenarios» cuando el número de contagiados asciende ya a casi 8.000 personas y hay más de 380 enfermos en las UCIs.

El Ministerio de Sanidad, que ha dictado tres órdenes ministeriales diferentes este domingo, también ha dado autorización a todas las consejerías de salud para que de forma inmediata pueden «habilitar espacios sanitarios» tanto en «locales públicos como privados» para convertirlos en centros tanto de consulta como de hospitalización.

El Ejecutivo, además, prorroga la contratación de los médicos residentes actuales de multitud de especialidades, entre ellas las más relacionadas con la epidemia como geriatría, medicina del trabajo, intensiva, interna, preventiva, neumología, radiodiagnóstico o parasitología, entre otras. Quedan suspendidas, además, todas las rotaciones de residentes para poder reforzar con estos médicos las áreas más necesitadas.

Como ya ha hecho Italia, España, para poder contar de manera inmediata con más personal médico para hacer frente al coronavirus, va a reconocer los grados y licenciaturas aunque no tengan la especialidad. También habilitará a ejercer a los 'mir' sin plaza y a los médicos extracomunitarios que tienen en trámite la convalidación de su título con perspectivas favorables.

Más allá de las medidas estrictamente sanitarias, el Gobierno declara la guerra abierta a la especulación y a los acaparadores de material sanitario o cualquier bien de utilidad para combatir el COVID-19. Con el fin de «asegurar bienes y servicios necesarios», otro decreto ley firmado por Salvador Illa da 48 horas «improrrogables» a todas las personas y empresas para que informen a sanidad del stock que tenga de material útil como kits de detección víricos, gafas, batas, mascarillas, geles desinfectantes o mecanismos de ventilación.

Además, las empresa que tengan capacidad de fabricar este tipo de bienes deberán igualmente informar al Gobierno y ponerse a su disposición.

La nueva normativa, advierte el Ejecutivo, prevé fuertes multas y otras sanciones a las empresas y privados que acaparen material o que se niegue a fabricarlo.

Salvador Illa, con otra orden, también ha puesto orden al desbarajuste de datos sobre la pandemia que existía hasta ahora con las autonomías. El Gobierno pasa a centralizar toda la información pública sobre la actual crisis sanitaria y únicamente facilitará datos sobre la evolución de la pandemia a primera hora de la tarde.

Además de Illa, a primera hora de la noche comparecieron los otros tres ministros que, junto a Sánchez, pertenecen al gabinete de crisis del coronavirus: la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Transporte, José Luis Ábalos. Los tres informaron las nuevas medidas de sus departamentos, no obstante de mucho menor calado que los anuncios reservados a Sanidad.

Ábalos detalló que el objetivo del Gobierno es reducir los transportes en un 85%, aunque “cada autoridad autonómica podrá fijar la reducción de los transportes públicos que considere conveniente, garantizando los servicios básicos y los desplazamientos a los lugares de trabajo".