El Gobierno admite que la falta de material dispara el número de contagios entre los sanitarios

En líneas generales se está proporcionando a los sanitarios el material adecuado, asegura Simón, pero en algunos lugares, reconoce, está resultando imposible suministrar a los profesionales los EPI que necesitan, lo que ha achacado a un «problema de acceso al mercado», ya que esos bienes «son escasos y no existe disponibilidad», pero, añade, «se está en vías de solución».

El responsable de emergencias, sin embargo, cree que existen otras razones para explicar el alto número de contagios entre los profesionales. Una es que, al inicio de la epidemia, se produjeron «dos o tres brotes» en hospitales, lo que tuvo un «impacto» en el número de sanitarios afectados. Otra, «que algunos profesionales se han podido infectar en su comunidad», no en sus puestos de trabajo.

La falta de material en los centros continúa siendo alarmante. Este martes, todavía había profesionales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid que estaban utilizando bolsas de basura para protegerse. Hace unos días, los trabajadores del Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares denunciaron que en su hospital ocurría lo mismo. El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que la falta de EPI es «sistemática y afecta a todos los centros de salud y servicios de los hospitales, con lo que está en riesgo la salud y seguridad del colectivo y, en consecuencia, «la de toda la población».

En los últimos días el Gobierno sí ha repartido 1,6 millones mascarillas (5,8 millones desde el inicio de la crisis, especificó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa), con prioridad para los centros médicos, pero nadie sabe con exactitud cuánto material se requiere. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró la semana pasada que sólo su comunidad necesita urgentemente 14 millones de mascarillas.

La lucha por disponer de material apropiado para los profesionales ha llevado a las organizaciones de sanitarios hasta los juzgados, tanto nacionales como regionales. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo en la que solicita que requiera al Ministerio de Sanidad la distribución de material de protección entre el personal, «dada la situación de emergencia sanitaria» por el COVID-19.

CESM pide que «sin más trámites y en el plazo de cinco días se dicte auto por el que con estimación total de la denuncia se acuerden las medidas cautelarísimas de requerir al ministerio que se provea con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, en todos los centros asistenciales públicos o privados» de ese material, ha informado en un comunicado.

En el texto de la denuncia, presentada en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, el sindicato manifiesta que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad «son claras» sobre la necesidad de proveer a los profesionales sanitarios de medidas y elementos para que puedan realizar su trabajo de forma segura.

Batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos son algunos de los elementos que, según el sindicato, deben proporcionarse.

La medida se ha tomado después de que todos los sindicatos autonómicos estén denunciando falta de material para sus profesionales, pese a que las administraciones anuncian que están trabajando para solventarlo.

«La urgencia hace necesario que en estos momentos se busquen todos los medios posibles para que los trabajadores sanitarios no se conviertan en un vector más de riesgo, de ahí que exijamos al juez que obligue al Ministerio a actuar en consecuencia», concluyen. La rama valenciana de CESM es muy explícita: «Nos mandan al matadero, los médicos estamos cayendo como moscas».

Por su parte, el sindicato Amyts de la Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana otra denuncia en el juzgado contra la Consejería de Sanidad para pedir al juez que dicte como «medida cautelarísima» que se provea a todo el sistema, público o privado, de material suficiente para proteger los trabajadores que enfrentan en primera línea el virus: en los hospitales, en la atención primaria, SUMMA 112 y el resto de centros médicos así como centros asistenciales. Una denuncia similar ha planteado el sindicato CSIF en la Comunidad Valenciana ante la Inspección de Trabajo.

Otros sectores profesionales como los trabajadores de centros sociales, los transportistas o las fuerzas de seguridad del Estado también se están movilizando para reclamar material.