Frente común contra Sanidad de Andalucía, Madrid y Valencia por el suspenso de fase

Madrid, Andalucía y Valencia sacaron toda su artillería para denunciar el «agravio comparativo» que, en su opinión, ha supuesto que la Comunidad de Madrid entera, 14 áreas sanitarias valencianas y las provincias andaluzas de Málaga y Granada se hayan quedado varadas en la fase 0. Aunque Cataluña y las dos Castillas también tienen amplias áreas, comarcas e incluso provincias que se han quedado sin pasar de estadio, fueron los Gobiernos de los populares Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno y del socialista Ximo Puig los que se enfrentaron a Illa, al que pidieron explicaciones y, sobre todo, conocer los detalles de los informes que han servido para firmar el suspenso.

Según fuentes presentes en la reunión telemática, hubo críticas por la falta de transparencia en los criterios aplicados, acusaciones de que los parámetros usados no han sido los mismos para todas las comunidades e incluso insinuaciones de trato de favor a algunas autonomías, en particular al País Vasco.

Madrid no quiso esperar más y, en su turno de intervención, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció que la región enviará esta misma semana un nuevo informe para poder avanzar el próximo lunes 18 a la siguiente fase. El Gobierno de Madrid arguye que para entonces tendrá capacidad de realizar 15.000 test semanales, así como que va a contratar a 685 trabajadores más en atención primaria para la detección precoz del virus y otras 400 personas más para el seguimiento de los contagios.

Aun así, Madrid se quejó de que Sanidad tampoco ha explicado de manera pormenorizada cuáles han sido los criterios para suspender a la comunidad o las materias que había que reforzar. Exactamente esa misma fue la queja que la Generalitat Valenciana. El propio Puig, en declaraciones a este periódico, insistió este lunes en que «es exigible que haya unos criterios claros, transparentes y objetivables». El jefe del ejecutivo autonómico valenciano defendió que su Gobierno «cumplió sobradamente» con los «parámetros» exigidos la pasada semana por Illa. Su consejera, Ana Barceló, también denunció que a última hora se han cambiado esos criterios y reclamó al ministro conocer los análisis que llevaron al suspenso parcial para la Generalitat valenciana.

Jesús Aguirre, el consejero de Salud de Andalucía, por su parte, anunció a Illa que el Gobierno de Moreno no va a presentar ahora un nuevo informe, al tiempo que exigió a Sanidad que vuelva a estudiar el dossier presentado la semana pasada. En el Ejecutivo de Sevilla sostienen que detrás del suspenso de Málaga y Granada hay razones políticas; para ello ponen como ejemplo que en la provincia nazarí el índice de contagios es de 21 por cada 100.000 habitantes mientras que en Vizcaya es de 70.

Andalucía, además, denunció en la conferencia interterritorial que se le ha negado hacer la desescalada por distritos sanitarios, tal y como reclamó, cuando a otras comunidades como Cataluña o Castilla y León sí que se les ha permitido esa fórmula.

Más allá de la bronca política suscitada por los suspensos a estas tres comunidades, el resto de la reunión se centró en las propuestas de las autonomías para intentar acelerar el desconfinamiento en el medio rural.

Según fuentes del Ejecutivo y de varios Gobiernos autonómicos, existe un gran consenso para que se autorice en breve la caza y la pesca en las zonas en fase 1. Y lo mismo para otras actividades lúdico-turísticas de bajo riesgo como podría ser el senderismo, tal y como propuso Asturias.

Otras comunidades también defendieron la posibilidad de que en pueblos sin contagios recientes se pueda reactivar ya la actividad comercial y hostelera casi en su totalidad. Sería siempre, no obstante, manteniendo las distancias de seguridad.