Madrid y Gobierno pactan una frágil tregua en la guerra por los datos de la pandemia

Unas optimistas cifras, la del Ejecutivo regional, que en el Ministerio de Sanidad directamente no se creen, a pesar de las buenas palabra hoy del titular del departamento, Salvador Illa, que llegó a decir a los dirigentes madrileños que sus palabras y la de Fernando Simón el lunes poniendo en duda la veracidad de los datos madrileños habían sido malinterpretadas. La disculpa le valió a la consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que dijo esperar que las insinuaciones de Sanidad «no se vuelvan a repetir». «Tenemos un plan que funciona. «Hemos tenido un descenso total de un 42% en 15 días», insistió el consejero, quien destacó la «evolución favorable» de las 45 zonas confinadas en su momento por el Ejecutivo de Ayuso, hasta el punto de que, aseguró incidencia acumulada en la región es ahora de 598 casos por cada 100.000 habitantes mientras que la semana del 21 de septiembre estaba en 813. «El Gobierno de la Comunidad de Madrid nunca va a permitir que nuestra información se ponga en duda», zanjó Ruiz Escudero en tono osco.

Y es que la cuarta reunión del llamado Grupo covid-19, creado tras el encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez del pasado septiembre, rondó el fracaso en plena escalada verbal y judicial a cuenta del cierre de Madrid sino hubiera sido por la sintonía personal entre el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado y el propio Illa. Ambos acordaron bajar al menos los decibelios aunque siguieron las suspicacias mutuas y, sobre todo, las dudas del Ejecutivo central de que Madrid está realizando menos test o comunicando menos positivos para poder así bajar la incidencia acumulada, paso previo para conseguir el visto bueno de Sanidad para el desconfinamiento de la capital de España y de los otros nueve mayores municipios de la región.

Pero este 'acuerdo de mínimos' no logró poner sordina a la guerra entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central a cuenta de las cifras. «Cuando los datos de la Comunidad de Madrid eran buenos en julio, era sospechoso. Empeoraron y fueron creíbles hasta ahora que vuelven a mejorar»llegó a denuciar la presidenta en las redes sociales, en las que acusó al Ejecutivo de Sánchez de fomentar el «mensaje del miedo» en lugar de «optar por la responsabilidad».

Más allá de Ayuso, el Ejecutivo regional se esmeró hoy en negar tajantemente haber «maquillado las cifras» sobre los nuevos positivos, después de que el lunes tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) pusieran en dudas las estadísticas de la consejería de Sanidad.

El consejero de Justicia, Enrique López, fue el más duro y aseguró que Fernando Simón, que el lunes dijo que era imposible saber si la incidencia estaba subiendo o bajando en Madrid porque no se fiaba de la calidad de los datos de la Comunidad, ya «ha faltado a la verdad» en varias ocasiones. 

«Lo importante es el número de ingresos y se están cerrando plantas covid y se están señalando cirugías por la tarde porque el sistema se está relajando. No es bueno poner en cuestión los datos. Lo hacen quienes nos dijeron que había un comité de expertos que les aconsejaban para el cambio de fase y luego descubrimos que no había un comité. Y lo dicen quienes desaconsejaron el uso de mascarillas y luego se tuvo que imponer», denunció.

«No puedo decir que Simón miente», apuntó el consejero, quien, no obstante, pidió «respeto» al epidemiólogo, «si no está de acuerdo» con las estadísticas del Gobierno autonómico.

«La presión hospitalaria se mide objetivamente, son altas e ingresos; las PCR son las que cada día se van diagnosticando, son datos objetivos», explicó López, quien dijo no entender esa «acusación velada» por parte del ministro de Sanidad de que los datos que apuntan a una fuerte caída de los contagios no son verdaderos.

«Cuando se cuestionan datos objetivos hay que ofrecer datos objetivos», apuntó el consejero, quien subrayó que dudar de las cifras de Madrid es en realidad «cuestionar al personal sanitario».

En esta nueva fase del enfrentamiento entró el propio presidente del PP, en defensa de Madrid. «Ahora dicen que no se creen los datos, pero los de hace una semana sí se los creían», dijo Pablo Casado en referencia a las cifras que hace días provocaron que Sanidad obligara a confinar a casi cinco millones de madrileños.

Y entre tanto, el Gobierno central recibió el espaldarazo en esta guerra, como era de esperar, de la Fiscalía. El Ministerio Público pidió a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que avale la orden del Gobierno de Ayuso del pasado viernes por la que imponía el confinamiento a Madrid y a los nueve municipios más poblados de la comunidad en ejecución de las instrucciones de Sanidad publicadas horas antes en el BOE.

En esencia, la Fiscalía entiende que para aislar perimetralmente a las grandes ciudades con altas tasar de contagios no hace falta la declaración de un estado de alarma, como han denunciado en sus recursos la propia Comunidad de Madrid o Vox. El Ministerio público arguye que las restricciones de entrada y salida en territorios de mayor o menor extensión no es una limitación extrema de un derecho fundamental y que, por tanto, se puede adoptar con «fundamento en la legislación estatal y autonómica de Sanidad». Esa limitación de movimientos «se ajusta a los criterios de proporcionalidad y necesidad sin tener en cuenta razones económicas o sociales que también pudieran ser dignas de protección». Y todo ello «porque la salud pública es el único bien jurídico que se tiene que salvaguardar» para ratificar la medida.

La Fiscalía reconoce que la orden afecta al derecho fundamental de libertad de circulación, pero que este hecho tiene una «menor» trascendencia porque hay muchas excepciones a esa limitación, puesto que se «puede salir o entrar, por razones sanitarias, empresariales, educativas, laborales, profesionales, gestiones bancarias y administrativas, entre otras».

En resumen, las medidas se justifican no solo para alcanzar el objetivo de controlar la expansión de la enfermedad y reducir la presión asistencial sobre el sistema sanitario, sino también porque «constituyen actuaciones proporcionales al fin de protección de la salud pública que es el único que en esta sede puede ponderarse».

La Fiscalía precisa que el objetivo final de las medidas propuestas es, «ante la situación de riesgo extremo existente», mantener un control suficiente de la transmisión de la covid que evite la necesidad de imponer restricciones de mayor impacto con el consiguiente efecto negativo en la sociedad y en la economía del país. «En todo caso –reitera la Fiscalía-, la vida y salud concernidas por la pandemia son de superior valor constitucional a las razones sociales y económicas».

El espaldarazo de la Fiscalía no fue el único que recibió hoy Sanidad a su decisión de cerrar Madrid. La Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Madrid rechazaron hoy también las demandas presentadas por Vox ante ambas sedes pidiendo la paralización de los confinamientos como medida cautelarísima.

El tribunal de la calle Génova reprodujo los argumentos utilizados para rechazar la demanda de medidas cautelarísimas de un letrado el pasado lunes: no hay razones de especial urgencia y recuerda que los recurrentes no son los destinatarios directos de la resolución impugnada, ya que la misma va dirigida a las comunidades autónomas.

Por su parte, los magistrados del Superior de Madrid adujeron que el argumento de Vox de que no se solicitó «ratificación» judicial previa al cierre no implica que Sanidad impusiera «por la vía de hecho» un recorte de derechos fundamentales.