¿Qué falló en las residencias durante la primera ola de coronavirus?

Ahora, en plena segunda ola, según datos proporcionados por las comunidades autónomas, alrededor de la mitad de las muertes siguen ocurriendo en estos centros, que son vivienda habitual de más de trescientas mil personas mayores, de acuerdo con estimaciones recientes.

Aunque no es posible evitar las consecuencias del coronavirus en este colectivo vulnerable, mejorar algunos aspectos de la gestión de la pandemia podría reducirlas. Para ello, es necesario saber cuáles fueron los puntos débiles en estos centros.

Por eso, el proyecto Mc-COVID-19, liderado por un equipo del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC), estudia el impacto del coronavirus en las residencias de personas mayores. El análisis está basado en entrevistas a gestores de las residencias, así como a responsables públicos de la gestión sanitaria y de servicios sociales en el nivel autonómico y central. Además, se ha realizado un análisis documental.

Este estudio identifica las dificultades que desde un punto de vista institucional y organizativo entorpecieron las gestión de los brotes durante la primera ola. El propósito es extraer algunas lecciones que puedan ser útiles para la gestión de esta ola y otras crisis sanitarias futuras.

La primera ola de covid-19 reveló la importancia de tener planes de preparación, protocolos y planes de contingencia en las residencias. Hasta ahora, los planes de preparación de las administraciones para epidemias, cuando los había, no incluían previsiones para este tipo de establecimientos.

De hecho, directores y trabajadores de las residencias han percibido que la falta de información y de protocolos en un inicio ocasionó incertidumbre y no permitió responder con agilidad y seguridad.

Por eso, las comunidades autónomas han ido diseñando guías de apoyo para orientar a las residencias en la elaboración de sus protocolos. Por ejemplo, la del Gobierno de Aragón o la de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su elaboración ha sido problemática desde diversos puntos de vista.

En primer lugar, los protocolos sanitarios no contaron siempre con la necesaria visión de los servicios sociales. Además, no tuvieron en cuenta la gran heterogeneidad de las residencias en términos de tamaño, características arquitectónicas o estructura organizativa y funcional.

Por otra parte, algunos responsables de residencias sintieron desconcierto ante las sugerencias para elaborar los protocolos, que venían de múltiples actores. Tuvieron que destinar una parte del personal a esta tarea cuando más necesario era.

Asimismo, muchas residencias solicitaron asesoramiento en el diseño de sus protocolos y una supervisión in situ por expertos de la administración. Sin embargo, destacan que echaron en falta que algún organismo confirmara si los protocolos estaban bien hechos o tenían debilidades.

La fuerte incidencia del coronavirus en el sector de los cuidados residenciales durante la primera ola dejó patente la necesidad de una mejora significativa de la coordinación entre la sanidad y los servicios sociales. Esta coordinación debe ocurrir en distintos niveles:

1. Desde un punto de vista institucional: entre ministerios, entre consejerías autonómicas y entre el gobierno central y las comunidades autónomas.

2. En el nivel organizativo: entre el sistema sanitario y el de los cuidados de larga duración.

El análisis llevado a cabo en este proyecto ha puesto de manifiesto que desde el momento en que se asumió que los brotes en las residencias no podían afrontarse solo desde los servicios sociales, la situación de los centros mejoró. Sin embargo, esta coordinación intersectorial se demoró semanas durante la primera ola de la pandemia.

La gestión del coronavirus también reveló la necesidad de mejorar la coordinación entre gobiernos, atribuyendo a cada uno las tareas que mejor puede hacer.

Era importante dotarles de los instrumentos de política pública necesarios y explorar prácticas presentes en otros sistemas federales con más larga trayectoria.

El análisis, que ha abarcado la gestión de las residencias para mayores en 15 países europeos, ha revelado que las medidas que se adoptaron afectaron considerablemente a la movilidad, la socialización y, en definitiva, a la salud y el bienestar de las personas mayores.

Entre ellas, influyeron el cierre de residencias, el aislamiento de residentes según síntomas de covid-19 y la falta de contacto regular y directo con familiares. Las necesidades físicas, cognitivas y emocionales de las personas que vivían aquí se subordinaron al cumplimiento de las medidas del confinamiento.

Más tarde, la disponibilidad de espacios externos y el uso de mamparas ha facilitado el contacto humano y familiar. La comunicación periódica con los familiares de los residentes representó una herramienta de seguimiento fundamental adoptada de manera sistemática en todas las residencias estudiadas.

El proyecto Mc-COVID-19 ha puesto de relieve que es necesario mejorar numerosos aspectos de la gestión de las residencias. En este breve artículo hemos destacado la preparación y actualización de protocolos, así como la coordinación entre sectores y gobiernos.

A falta de la esperada vacuna, no podemos olvidarnos de la necesaria humanización de la atención y cuidado de las personas mayores en residencias para garantizar su salud física, emocional y cognitiva.

Este artículo también está firmado por:

Eloísa del Pino. Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Francisco Javier Moreno Fuentes. Investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC), Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS - CSIC)

Gibrán Cruz-Martínez. Investigador Juan de la Cierva, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS - CSIC)

Jorge Hernández Moreno. Investigador predoctoral (FPU fellow) en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC), Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS - CSIC)

Luis Moreno Fernández. Profesor Emérito de Investigación, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC)

Roberta Perna. investigadora post-doctoral en sociología política, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC)

Este artículo se ha publicado en The Conversation