Fallece el doctor Luis Montes, defensor de la «buena muerte»

El caso de Luis Montes saltó a los medios de comunicación el 8 de marzo de 2005. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid recibió denuncias anónimas sobre la supuesta sedación excesiva y generalizada a enfermos terminales. Esas denuncias hablaban de 400 muertes. El jefe de Urgencias, Luis Montes, el director médico y el gerente fueron cesados por el Gobierno regional que presidía Esperanza Aguirre, se abrieron sucesivas inspecciones y se interpusieron denuncias ante la Fiscalía. El personal del Severo Ochoa se manifestó varias veces en defensa de Montes y los demás cargos destituidos, y distintas asociaciones médicas respaldaron una prácticas de sedación comunes en muchos hospitales.

Con distintos matices, los informes periciales concluyeron que hubo sedaciones inadecuadas o contraindicadas, además de caos organizativo, pero ninguna de ellas pudo probar de forma concluyente que los anestésicos propiciaran la muerte de los pacientes. Por ello, el caso fue finalmente archivado en junio de 2007 por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés al no existir la «certeza absoluta» de la relación causa efecto entre la administración de sedantes y el fallecimiento.

Un año más tarde, la Audiencia Provincial determinaba que no hubo mala práctica médica en el hospital Severo Ochoa, en un escrito que sobreseía y archivaba el caso definitivamente. Nada más conocer la decisión, el doctor Montes, que nunca recibió las excusas por parte de los miembros del Gobierno regional del PP, aseguro que «el perdón no va a existir por mi parte», porque consideraba que el acoso sufrido por él y sus colegas del Severo Ochoa fue «la mayor agresión a la sanidad pública» y que supuso «su desprestigio y la pérdida de confianza de los usuarios».

Pese a quedar exonerado de toda sospecha, Montes no recuperó su puesto de coordinador de urgencias en Leganés, aunque sí volvió a trabajar como anestesista en el hospital. Aseguraba entonces que no había ganado «la partida» y por ello nunca renunció a defender la idea de que «todos tenemos el derecho a morir bien».

Junto a otro de los doctores investigados, en 2009 se querelló por un presunto delito de denuncia falsa contra el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y a otros cargos madrileños de este ámbito. La querella se archivó. Ese mismo año, Montes tomó las riendas de la Asociación Derecho a la Muerte Digna. «La medicina debe evitar el sufrimiento y garantizar la calidad de muerte, expresión que prefiero a la de muerte digna. Todos tenemos el derecho a morir bien», aseguraba, porque «la vida es un derecho natural y un adulto lúcido debe poder decidir sobre ella. Es un derecho que no debe ser tutelado», defendía en todo tipo de foros.