Riada por la gota fría en Alicante, en 2019 Morel / EFE

España ratifica que alcanzará la neutralidad climática antes de 2050

El Plan de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica mantiene su compromiso social y de reducción de emisiones

Jueves, 7 de mayo 2020, 00:27

En España hay 32 millones de personas afectadas ya por los efectos del cambio climático, alerta el Ministerio de Transición Ecológica, que ha presentado el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. El documento contiene las directrices que servirán de guía entre 2021 y ... 2030 para enfrentar el impacto que ya se siente en España como consecuencia del calentamiento del planeta y la contaminación. En fase de alegaciones, el borrador abarca ámbitos como la salud de la población y las ciudades, la movilidad, la energía, los recursos hídricos, la biodiversidad, la desertificación, la caza y la pesca, la agricultura y la ganadería, entre otros puntos.

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«Junto a los planes de mitigación, que buscan la descarbonización de los modelos de energía y movilidad, por ejemplo, el plan de adaptación es la palanca para el 'new green deal' (nuevo acuerdo verde), y que también será fundamental en la recuperación tras esta crisis», explica una fuente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, que ha fijado los objetivos según los riesgos concretos, las posibles respuestas para reducirlos y los recursos que pueden movilizarse. «Los impactos económicos que se derivan del cambio climático sin respuestas de adaptación superan sustancialmente a los costes» que conllevan las acciones de adaptarse, dice el documento. «Cada euro invertido podría dar lugar a entre dos y diez de beneficios», a través de nuevos empleos y prevención de pérdidas económicas.

Aun cuando se alcance el objetivo más optimistas de disminuir el calentamiento global para no sobrepasar los 1,5 grados centígrados de aumento con respecto a la era preindustrial, ya no hay vuelta atrás en los impactos que se dejan notar en los últimos años. Los climas semiáridos se han expandido y lo seguirán haciendo, las temperaturas de verano duran ahora cinco semanas más que en los 80, hay más olas de calor y el Mediterráneo tiene una temperatura promedio un grado superior a la de hace tres décadas.

Los riesgos para la población se concentran en las grandes ciudades y en el litoral, y les afecta directamente en su salud y calidad de vida. Organismos internacionales como la OMS calculan que la contaminación se cobra hasta 10.000 vidas al año en España, ya sea por enfermedades respiratorias, por eventos extremos como olas de calor o inundaciones. El Plan de Adaptación propone «integrar el cambio climático en los planes nacionales de Salud», para fomentar «actuaciones preventivas» ante el exceso de calor y «enfermedades vectoriales emergentes», como el coronavirus.

A pesar del coronavirus

Resulta significativo que se cumplan los plazos de presentación del Plan de Adaptación y se exponga cuando se avizora la gran crisis económica provocada por la pandemia, que previsiblemente sumirá a España en el déficit público y concederá de ayudas a diversas áreas que antes eran impulsores de la economía. A pesar del nuevo escenario, el plan presentado por Transición Ecológica mantiene su determinación de «alcanzar la neutralidad climática en nuestro país antes del año 2050» y «se pone en el centro de la acción de Gobierno la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la capacidad adaptativa».

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En la orientación de esta nueva economía, sostiene una fuente del ministerio, prevalecerá lo «verde, ya sabemos lo que va a ocurrir y está claro cómo debe enfrentarse, a diferencia de lo que ocurrió en 2008».

Otras lecciones de la epidemia es la «autosuficiencia» para evitar «las disrupciones en los mercados y cadenas globales de suministro (.) en lo relativo a productos y servicios de carácter básico o estratégico» y «la necesidad de revisar las prioridades», marcando «la defensa de la vida y la protección de los elementos que la sustentan» como «premisa básica que debe inspirar las políticas y medidas de adaptación al cambio climático». A esto se añade «el respeto de los derechos humanos y a la justicia intergeneracional» y la «perspectiva de género», con lo que se ratifica también la vocación social como parte indivisible de la propuesta climática del Gobierno.

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Por el contrario, entre los «incentivos perversos» se combatirá la promoción de desarrollo económico en localizaciones de alto riesgo o la inversión en modelos de energía que generen mayores emisiones de efecto invernadero. Estas decisiones de «maladaptación» serán identificadas y revisadas, ya sean tomadas por «personas, organizaciones privadas o administraciones públicas locales, regionales y nacionales».

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