Enfermeros se querellan contra Sánchez e Illa por un delito contra la seguridad

El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.

«Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos», afirma el presidente de CGE, Florentino Pérez Raya, en el mencionado comunicado.

En la querella, que incluye a otros cargos del Ministerio de Sanidad, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, entre otros, se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Se trata del artículo 316 del Código Penal, que castiga a quienes «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física».

La pena por este delito -indican- es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Asimismo, también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte