Delgado pasa a las fiscalías territoriales la investigación sobre las residencias de ancianos

La encomienda especial que Delgado hizo al fiscal Manuel Dolz, quien fue secretario de Estado de Justicia durante su paso por este Ministerio, decae en favor de las investigaciones que ya están realizando diversas fiscalías territoriales, que son las inicialmente competentes en la materia.

Según el decreto firmado por Delgado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el momento presente, y tras la apertura de las diligencias de investigación que resultan pertinentes en las fiscalías territoriales de los lugares de ocurrencia de los hechos, decaen las que constituían objeto de investigación por el Supremo «sin perjuicio de mantener en lo sucesivo y con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».

Según la denuncia pública de Robles, cuya formulación por escrito no se ha dado a conocer en todo este tiempo, además de cadáveres en las residencias visitadas, cuya ubicación y número no concretó, se encontraban otras personas en «situaciones extremas y malas condiciones de salubridad», lo que podría dar lugar a responsabilidades penales.

El escrito, de 3 páginas, señala que los hechos fueron conocidos a través de una información difundida por una cadena de radio en la que se hacía referencia a que, en algunas residencias de ancianos , «sin especificar más», miembros del la Unidad Militar de Emergencias (UME), en cumplimiento de las funciones que les han sido encomendadas con ocasión del estado de alarma declarado para hacer frente a la pandemia por COVID-19, habían detectado la existencia de personas ancianas, algunas de ellas enfermas, residiendo en muy malas condiciones de salubridad.

«Se llegaba llegando incluso a afirmar en la información, citando fuentes de Defensa, -continúa el Decreto-, que »hay escenas durísimas en algunas residencias, de ancianos muertos en sus camas y el personal desaparecido«.

Los hechos, según Delgado, se hablaba de hechos que «revestían una gravedad extrema, circunstancia que hacía exigible la adopción inmediata de medidas tendentes a su esclarecimiento». Así, al amparo de los artículos 22.2 y 26 EOMF, la fiscalgeneral optó por designar como instructor a un fiscal perteneciente al Supremo, «facilitando así la urgente obtención y centralización de la información que pudiera obtenerse en la fase embrionaria de la investigación».

Añade la fiscal general que, a partir de la información obtenida tras las diligencias practicadas por el fiscal Dolz, se ha procedido a la apertura de diligencias de investigación en algunas fiscalías provinciales de las Comunidades Autónomas.

El decreto cita entre otras las investigaciones en curso en las fiscalías Castilla y León y Cataluña, entre otras, en las de Valladolid y Barcelona, concretamente, a las que se añaden otras por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León -remitidas ya a la Fiscalía Provincial de Valladolid y en la que a su vez se habían abierto en su momento por hechos similares en Fiscalía de Área de Manresa, «por ser estas las territorialmente competentes para investigar la eventual relevancia penal de determinados hechos, una vez se ha podido precisar su lugar de ocurrencia».