Barcelona paga el 'procés' y se queda sin la Agencia Europea del Medicamento

Para muestra, un par de botones. El último conseller catalán de Sanidad, Toni Comín, lleva 22 días en Bruselas pero no para hacer ‘lobby’ por la EMA, sino porque está huido de la justicia española. La tercera pata de la candidatura, el Ayuntamiento, acaba de perder a su cabeza visible, el socialista Jaume Collboni, porque la alcaldesa, Ada Colau, ha roto el pacto de gobierno con el PSC por el procés. Hoy, Collboni estuvo en Bruselas para negociar hasta el último minuto. Colau, no.

«Tenemos la conciencia muy, muy tranquila. Quizá otros no la puedan tener tanto como nosotros (...). A nadie se le escapa que en las últimas semanas, meses, hemos tenido algún obstáculo en el camino y no nos lo han puesto fácil», ha advertido a su llegada a Bruselas la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat. Sin embargo, intentaba ver el vaso medio lleno destacando la relativa calma que la aplicación del 155 ha supuesto para Cataluña.

«Europa lo ha visto y nos ha apoyado en todo momento. Todos y cada uno de los países de la Unión Europea han apoyado al Gobierno de España, al Estado de Derecho, al Estado democrático y a la devolución del orden constitucional en Cataluña», señaló mientras insistía una y otra vez que Barcelona es la mejor candidata porque entre otras cosas, así lo han dicho los responsables de la EMA.

Pero no. Lo de hoy iba de política, de la gran política, así que milagros, los justos. No lo hubo. Barcelona competía con otros 18 aspirantes: Ámsterdam, Atenas, Bonn, Bratislava, Bruselas, Bucarest, Copenhague, Helsinki, Lille, Milán, Oporto, Sofía, Estocolmo, Viena, Varsovia, Zagreb, Malta y Dublín. Estas tres últimas se echaron a un lado ya desde la mañana y rehusaron presentarse a la votación de la tarde.

La EMA es la joya de la corona de las agencias europeas. Cuenta con un personal de un millar de funcionarios pagados por la UE, y un presupuesto anual superior a los 300 millones de euros. Recibe alrededor de 36.000 visitas anuales, incluyendo científicos, pacientes, profesionales sanitarios o expertos nacionales. Eso implica una demanda de 30.000 noches de hotel, con picos de hasta 350 habitaciones al día.

Puestos a ser políticamente correctos, el argumento que ha penalizado a España es que ya alberga tres agencias (la Oficina de Propiedad Intelectual en Alicante; la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Bilbao; y la Agencia de Control de la Pesca en Vigo) mientras que países como Bulgaria, Rumanía, Croacia, Chipre y Eslovaquia no tienen ninguna. Pero lo políticamente correcto casi nunca se corresponde con la realidad y ésta ha evidenciado que el procés ha supuesto un obstáculo insalvable.