Gobierno y comunidades aplazan la decisión sobre el toque de queda

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha desvelado que ha sido Castilla y León la autonomía que ha solicitado por escrito limitaciones a la movilidad nocturna, una iniciativa secundada por la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. «Hemos discutido esta posibilidad, pero no ha existido un amplio consenso, hemos convenido que hacía falta seguir madurando esta decisión y seguiremos tratando este asunto en el futuro. Hay que ver muy bien cómo se aplica, dónde se aplica y con qué alcance», ha afirmado Illa.

De hecho, la Comunidad Valenciana y la Junta de Andalucía, sin esperar a un marco jurídico común, ya han anunciado toques de queda. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha avanzado que su Gobierno restringirá en toda la comunidad los movimientos entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. «Sólo podrán estar en la calle quienes vayan a trabajar, a atender urgencias sanitarias o a cuidar a dependientes», ha dicho Puig, que con esta medida pretende acabar con los botellones y las fiestas nocturnas. El Gobierno valenciano enviará su resolución al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para que la valide.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha decretado este jueves el toque de queda, desde las 23 hasta las 6 horas, en la ciudad de Granada y en treinta municipios de su área metropolitana, a la espera de la decisión, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia andaluz. En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, Illa ha dado su beneplácito a la medida.

Pero el marco jurídico general sobre el que se debe sustentar el toque de queda no ha sido objeto de discusión en el Consejo Interterritorial, ha asegurado el ministro de Sanidad, aunque su departamento ha pedido un informe jurídico para conocer si es necesario declarar el estado de alarma en todo el país para decretar limitaciones de este tipo o si la administración puede acogerse a otra figura. «El instrumento óptimo es el estado de alarma y los servicios jurídicos del Gobierno llevan valorando ésta y otras opciones», ha agregado.

En cambio, el Ministerio de Sanidad y las comunidades sí acordaron limitar la apertura de todos los establecimientos no esenciales, como bares y tiendas, hasta las 23 horas. Además, recomiendan a la población salir de casa «sólo lo necesario».

Ambas propuestas están incluidas en el documento 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19', que establece cuatro niveles de alerta, cada uno de los cuales con una serie de medidas, dentro de un «marco común» para todas las comunidades, pero «con flexibilidad» para que cada una de ellas pueda tomar sus propias decisiones, resaltó Illa. Este texto ha contado con el apoyo de todas las comunidades, salvo Madrid y el País Vasco, que se han abstenido.

La situación del coronavirus en España está lejos de ser positiva. «Van a venir semanas muy duras y la preocupación es alta. La segunda ola es una realidad y en varias zonas existe transmisión comunitaria», ha indicado Salvador Illa, que ha pedido a la población «estar en alerta y en guardia», antes de subrayar que «la curva se puede doblar».