Moncloa aspira a controlar los meses finales de la pandemia exclusivamente a través de las decisiones que se tomen en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ese foro que en su día se diseñó como un mero órgano de coordinación entre las ... comunidades y el Ministerio de Sanidad, sin ningún tipo de capacidad de decisión y que ni tan siquiera cuenta con un sistema de votación oficial y de recuento.
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El propio Pedro Sánchez cuando este martes anunció que el Gobierno no tiene intención de prorrogar más allá del 9 de mayo el actual estado de alarma 'nombró' directamente como sustituto de esta legislación de excepción a los acuerdos que surjan del Interterritorial. El presidente del Gobierno defendió que los jueces han avalado la legalidad de estos acuerdos en votaciones que nunca llegan a producirse, pero lo cierto es que todavía, más allá, de rechazar medidas cautelares ni un solo tribunal ha entrado a analizar en profundidad si el parecer mayoritario de unas autonomías en una crisis sanitaria como la actual puede ser impuesto a otras en un foro de este carácter.
Sea como fuere, el fin del estado de alarma, lo cierto es que va a privar a partir de mayo a las comunidades de las dos principales herramientas que han venido usando desde que esta legislación de excepción entró en vigor el pasado 25 de octubre, en pleno ascenso de la segunda ola: los cierres perimetrales municipales, provinciales o autonómicos y los toques de queda.
La entrada en vigor el pasado otoño del estado de alarma que nombró a las comunidades autoridades delegadas ha permitido desde entonces a las autonomías limitar la movilidad nocturna o territorial sin problemas con los tribunales, unos enfrentamientos y varapalos judiciales que se sucedieron desde finales de verano del pasado año y hasta el 25 de octubre.
Tras el anunciado fin del estado de alarma, las autonomías, por mucho acuerdo que haya en el Interterritorial, tendrán que circunscribir sus restricciones fundamentalmente a limitar horarios y actividades comerciales o fijar aforos, pero sin limitación de derechos fundamentales.
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