Más de la cuarta parte de España ya sufre restricciones por la pandemia

Este mismo lunes, la Generalitat ha anunciado que ultima nuevas medidas tras los pésimos datos epidemiológicos de los últimos días en la comarca del Vallès Occidental, donde se ubican dos de las cinco ciudades más pobladas de la comunidad, Sabadell y Terrassa. El Govern, sin embargo, no plantea nuevos confinamientos, pero no los descarta. Esta semana la Generalitat desvelará cuál será su respuesta ante esta situación tan delicada.

Y es que esta 'nueva normalidad', en la que la gestión sanitaria es responsabilidad de las comunidades, ha alumbrado una guerra con estrategias también muy dispares, desde retrocesos a las fase 1 ó 2 de la desescalada a confinamientos perimetrales, pasando por las medidas más laxas de limitaciones de horarios o aforos de locales comerciales o de ocio. Un abanico de medidas de todo tipo que este fin de semana ya afectaban a no menos de 650 de los 8.131 municipios del estado.

De acuerdo con los datos de las administraciones, desde que España comenzó con la primera restricción de derechos fundamentales para contener el virus (el aislamiento el 25 de febrero del hotel H10 Costa Adeje Palace en Tenerife) la totalidad del territorio nacional solo ha vivido libre de limitaciones 20 días, las jornadas que transcurrieron entre el fin del estado de alarma del 22 de junio y la decisión de la Generalitat de atacar el 12 de julio el primer gran foco de esta segunda oleada con el confinamiento perimetralmente la comarca ilerdense del Segria.

Estos aislamientos zonales con controles policiales, probablemente la medida de restricción de libertades más dura de grandes poblaciones sin síntomas, están sufriéndolos en la actualidad cerca de 5,7 millones de españoles, poco más del 12% del total de la población del estado, distribuidos en al menos 46 municipios de 9 de provincias diferentes. No obstante, el número de provincias que han usado esta herramienta en algún momento de esta segunda ola supera la quincena.

Y es que, desde que acabó el estado de alarma, al menos 13 comunidades autónomas han recurrido en algún momento a esta medida que inauguró en su día el Govern y que, con matices, ha sido copiada por las administraciones autonómicas y locales, pero también por el propio Gobierno central, que esta semana decretó el estado de alarma en Madrid para confinar perimetralmente a la capital de España y a ocho de los nueves mayores municipios de la región.

De hecho, la Comunidad de Madrid es la autonomía, con mucho, con más población confinada. Son exactamente 4,8 millones de habitantes los que no pueden salir de las grandes urbes fijadas por Sanidad. Pero no son los únicos. A partir de ayer, también los vecinos de otras siete zonas básicas de salud con elevadas tasas de incidencia acumulada repartidas por toda la región.

El caso de Madrid, tanto por la cantidad de población como por la guerra desencadenada entre las administraciones central y regional, eclipsa otras situaciones similares, pero lo cierto es que en estos momentos hay confinadas fuera de esa comunidad cerca de 900.000 personas. Las más conocidas son las cuarentenas de las otras dos únicas capitales de provincia –León y Palencia– pero hay también confinamientos perimetrales ahora mismo en localidades de Burgos, Jaén, Córdoba, Sevilla, Orense o Ciudad Real.

El encierro perimetral fue la primera medida de contención usada en España y, conforme la segunda ola se ha ido haciendo más intensa, su uso ha ido imponiéndose frente a la otra gran estrategia de mano dura frente al virus: el retroceso a las fases de la desescalada con limitaciones de movimientos pero no prohibición generalizada a la movilidad como en los confinamientos. No obstante, en la actualidad hay al menos 21 municipios 'regresados' a fase de desconfinamiento con no menos de 950.000 habitantes censados. La localidad más importante 'retrocedida' es Zaragoza, que estará en fase 2 hasta el 15 de octubre para evitar la 'no fiestas' del Pilar, pero también han pasado o todavía están bajo estas restricciones otras importantes poblaciones como Huesca o Lorca (en Murcia).

Aragón fue la 'inventora' de los retrocesos a la desescalada que luego han inspirado a muchas otras comunidades cuando en la tercera semana de julio mandó a fase 2 las comarcas del Bajo Aragón-Caspe y el Bajo. Se vivían entonces los primeros compases de la nueva normalidad y, como ocurrió en el Segrià, se luchaba contra brotes concretos. Y en ese contexto, los retrocesos se mostraron efectivos para controlar esos focos.

Pero ahora, cuando los brotes en muchos casos están diluidos y la situación epidemiológica es de lo más dispar según el territorio, las administraciones se están decantado también por soluciones 'a la carta'. Así, las mayores restricciones vigentes en la actualidad no son ni confinamientos perimetrales ni retrocesos a fases, sino otro tipo de medidas 'ad hoc' que implican algún tipo de limitación de horarios, aforos o reuniones. En total, según las últimas estimaciones de Sanidad y las autonomías, son más de 580 los municipios con unos 5,8 millones de habitantes en los que hay vigente algún tipo de estas restricciones. El Gobierno foral este mismo domingo anunció para toda Navarra, la comunidad con la incidencia acumulada más alta de toda España, limitaciones de reuniones, aforos y horarios de hostelería, muy similares a las que otras comunidades ya habían puesto en marcha en todo el territorio, como es el caso de Canarias o Euskadi, o de forma parcial como Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares o Cataluña.

Los expertos de Sanidad creen que este tipo de 'recortes a la carta' de cierta movilidad pero sin limitaciones de derechos fundamentales serán los que se irán expandiendo, sobre todo vistas las crecientes dudas legales de los tribunales, como ya ha sucedido con el Superior de Aragón, de que la ley de salud pública sea suficiente amparo legal para los grandes confinamientos de poblaciones sanas.