El bucle del coronavirus atrapa al Gobierno

Falta de material

España es el país del mundo con más sanitarios contagiados, por encima de los 37.000. Desde el primer día de la crisis, los profesionales denunciaron que no contaban con mascarillas, equipos de protección y batas. El Ministerio de Sanidad, que centralizó las compras, se movió con lentitud, dejó pasar pedidos y, cuando quiso acelerar, descubrió que China se había convertido en un mercado persa donde todos los países del mundo querían comprar. El material sanitario llegó a España tarde y mal: había mascarillas defectuosas que se tuvieron que devolver y se adquirió a precios desorbitados y a través de proveedores que en algunos casos son de dudosa solvencia (empresas con apenas empleados o sin licencia de importación), según se ha sabido esta semana, después de que el Ministerio de Hacienda tuviera que recordarle al de Sanidad la obligatoriedad de hacer públicos los contratos tras ocultarlos durante un mes. Por si fuera poco, el Consejo General de Enfermería de España presentó el jueves una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento, por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Sin test suficientes

Cuando al principio de la crisis la Organización Mundial de la Salud pidió que se hicieran test masivos y cuando los países más previsores (y que antes están saliendo de la crisis, como Alemania) hacían 120.000 al día, el Gobierno se encontró con que no tenía pruebas. Las primeras las compró en China, pero al analizarlas en el Instituto Carlos III descubrieron que no eran en absoluto fiables. El siguiente lote daba resultados con el 65% de garantía, y Sanidad los acabó aceptando porque contaba con los test PCR, los más seguros, si surgían dudas. Pero el número de PCR sigue siendo muy escaso (menos de 50.000 a la semana, según los datos del Ministerio) para llegar al conjunto de la población. Mientras, muchos laboratorios privados y universidades que tienen capacidad de hacer las pruebas y que serían de gran ayuda en este momento lamentan que Sanidad haya ignorado sus ofrecimientos para colaborar. Además, el estudio de seroprevalencia, que a través de test masivos pretende conocer qué porcentaje de la población ha pasado ya el virus y poner en marcha una desescalada con garantías, está siendo en sus primeros pasos un fiasco. Esta macroinvestigación que involucrará a 90.000 personas y que fue anunciada el 6 de abril ha sufrido continuos retrasos. Las últimas noticias es que empezará esta próxima semana, pero aún no hay fecha.

El futuro de las residencias

En las residencias han muerto alrededor de 15.000 personas, un dato que las comunidades autónomas ya han trasladado al Gobierno, pero que el Ejecutivo aún no ha hecho público. Fueron el epicentro de la crisis: sin material sanitario adecuado, sin test para hacer a los mayores y sin personal suficiente, la Covid-19 hizo estragos en estos centros, donde vive la población más vulnerable. La Unidad Militar de Emergencias intervino para desinfectar las instalaciones y alivió en parte la situación, pero el balance ya era terrible. La Fiscalía General del Estado ha abierto 121 diligencias civiles y 86 penales para investigar qué ha ocurrido y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se ha comprometido en trabajar con las comunidades autónomas para repensar el modelo.

Dudas sobre las cifras

Cuando se sumen los muertos en las residencias, la cifra oficial de fallecidos por el coronavirus en España crecerá, pero, aun así, estará lejos de ser la cifra real. El ministro Illa insiste en que el criterio de España a la hora de contar fallecidos es uno de los más exigentes de Europa: se consideran muertos por Covid-19 a quienes hayan dado positivo en una prueba. Pero la falta de test y la imposibilidad de realizar autopsias ha provocado que muchos fallecidos por coronavirus no hayan sido contabilizados. El Ministerio de Justicia pidió hace dos semanas a los registros civiles que proporcionaran los datos de enterramientos para poder cotejarlos con los de años anteriores y estimar así el desfase. El Carlos III publica todos los días un informe que compara el número de fallecidos con la mortalidad esperada: con los datos de los registros de los que actualmente dispone (que no están completos porque hay retrasos en casi todos ellos), el desajuste provisional respecto a las cifras oficiales ya es de 5.000 personas. Tampoco está clara la cifra de contagiados porque Sanidad ha cambiado en varias ocasiones la metodología.

El pacto de reconstrucción no arranca

Hace tres semanas, Pedro Sánchez anunció que contactaría con los líderes de todos los partidos para proponerles una reedición de los pactos de la Moncloa. Tras un primer debate semántico (las partes coincidieron en que la situación de la España de 1977 era muy distinta a la de 2020), aquella propuesta quedó bautizada como pactos de reconstrucción. Pero como tantos otros asuntos en esta crisis sanitaria, ha pasado casi un mes desde que el acuerdo fue invocado por primera vez y desde entonces, y aunque parece algo importante, pocos pasos firmes se han dado.

Anticipando que podría tratarse de un plan ideado por Iván Redondo, mano derecha del presidente, para repartir las previsiblemente nefastas consecuencias políticas de la crisis, el PP se mostró desde el primer momento reacio al pacto. La falta de comunicación entre Sánchez y el presidente de los populares, Pablo Casado, tampoco ha ayudado a acelerar el proceso. Finalmente, una reunión por videoconferencia el pasado lunes entre ambos desbloqueó, en principio, la situación. Se acordó que la mesa de negociación se transformara en una comisión parlamentaria y hasta Vox, el partido que había rechazado desde el primer momento cualquier intento de colaboración con el PSOE, dio a entender que podría participar si se daban las condiciones.

Pero desde ese día, por cada avance ha habido un retroceso. Se ha cerrado que en la comisión participen todos los partidos, pero el PSOE y Podemos quieren poner las reglas sin contar con el PP, de manera que los pactos de reconstrucción solo hablen de eso, de reconstrucción, y no sirvan para fiscalizar la labor del Ejecutivo durante la crisis. El PP, que quería presidir la comisión, se siente ninguneado. Y mientras tanto, los principales partidos de las comunidades autónomas y ayuntamientos tratan de consensuar acuerdos de reconstrucción regionales que parecen más cercanos que los del Congreso.

Preguntas filtradas, CIS y bulos

La primera víctima de las guerras es la verdad y el primer culpable en las crisis, la comunicación. En la batalla por el relato, y pese a contar con la ventaja de ostentar el poder, el Gobierno ha tropezado casi desde el primer día, cuando el Ejecutivo decidió que los periodistas no podían preguntar directamente en las ruedas de prensa telemáticas, sino que las cuestiones deberían pasar por el filtro de la Secretaría de Estado de Comunicación. La indignación de cientos de periodistas, que firmaron un manifiesto el 31 de marzo llamado 'La libertad de preguntar', obligó al día siguiente a Moncloa a cambiar el formato de las intervenciones.

Pero ahí no acabaron las dudas sobre el concepto de libertad de expresión del Gobierno. El CIS del 15 de abril incluyó una pregunta sobre si habría que «restringir» la libertad de los medios de comunicación y tener solo «fuentes oficiales de información» en situaciones de crisis. La oposición y la mayoría de los medios vieron en ese CIS un propósito del Gobierno de quedar fiscalizar la información.

Lo peor, sin embargo, vino unos días después. En las ruedas de prensa preparadas por el Gobierno intervienen representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el pasado domingo, el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago dijo una frase que causó estupefacción: una de las tareas del instituto armado es combatir los bulos «para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno». Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, achacó la afirmación a un «lapsus», horas después se supo que la Guardia Civil había pedido por correo electrónico a las comandancias informes sobre bulos que puedan «generar desafección a instituciones del Gobierno». En la siguiente rueda de prensa, la Secretaría de Estado de Comunición vetó todas las preguntas dirigidas al general Santiago.