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El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está dispuesto a llevar al extremo su enfrentamiento con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, hasta el punto de no reconocer la legitimidad del Ministerio de Sanidad para ordenar los confinamientos de Madrid y los nueve municipios por considerarlos ... poco menos que ilegales. El consejero de Sanidad de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero, fue contundente: «la medida jurídicamente no es válida». Por ello, ya anunció que el Gobierno regional dará la batalla en los tribunales del Contencioso-Administrativo para intentar anular cuanto antes la orden de confinamientos sin descartar alguna suerte de insumisión a las órden de Sanidad tras su publicación en el BOE.
El argumento de la comunidad es que el confinamiento no fue aprobado por consenso tal y como señala el reglamento del Consejo Interterritorial y que la maniobra de llevar estas medidas en una orden con el amparo de la normativa para la nueva normalidad (el Plan de Respuesta Temprana) es directamente ilegal. Las decisiones tomadas «atañen al Sistema Nacional de Salud y a derechos fundamentales», apuntó Ruiz Escudero, quien acusó a Illa de haber usado el Consejo para «imponer medidas que van en contra de la voluntad de muchos españoles«.
«Siempre hemos apostado por una mejora del documento y por dar respaldo técnico«, explicó el consejero, al tiempo que denunció que Sanidad se ha saltado todos los procedimientos preceptivos y que, obviamente, el cierre de los 5 millones de madrileños no es una «decisión colegiada».
«No entendemos la imposición, no ha habido lealtad por parte del Gobierno de España, que tiene prisa por intervenir Madrid», insistió el consejero, quien se mostró especialmente sorprendido por la intención del Ejecutivo de Madrid por forzar las cuarentenas cuando la situación sanitaria de la región empieza, siempre según el Gobierno autonómico, a dar señales de mejora.
«Somos realistas y conocedores de la situación. Estamos en una fase estable, empezamos a tener las primeras señales de que entramos en una situación favorable. La capacidad diagnóstica nos ha permitido conocer perfectamente cómo se comporta la pandemia en nuestra región. Ya estamos viendo resultados«, insistió el consejero de Ayuso.
«La urgencia de cerrar Madrid sin apoyo de decisiones técnicas va en contra del sentir de los madrileños. Que (Illa) deje de luchar contra Madrid y luche contra el coronavirus«, apostilló Ruiz Escudero.
Que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no enterraba, ni mucho menos, el hacha de guerra con el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya empezó a verse durante la tarde. Cuando Moncloa daba por cerrada la crisis tras el pacto para aplicar en toda España las reglas del confinamiento que se impondrían a Madrid capital y a nueve de sus ciudades dormitorio, el Ejecutivo regional volvió a la carga antes Consejo Interritorial para exigir que Madrid no se cerrara entera y reclamar que se tengan en cuenta otros criterios ajenos a los pactados con Sanidad el martes.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en un comunicado hecho público cuando las comunidades estaban sentándose a la mesa del consejo, rechazó directamente el confinamiento de la capital de España porque «la ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000 habitantes, y por tanto, los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad».
Y no solo eso, el Ejecutivo regionalrompió directamente la baraja y puso en cuestión los tres parámetros que Sanidad establece para poner en cuarentena las ciudades de más de 100.000 vecinos y que el martes por la tarde parecía haber aceptado: tener una incidencia acumulada (IA) de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; presentar una positividad en las PCR superior al 10%; y sufrir una ocupación de enfermos de la covid en las UCI superior a 35%. El gabinete de Ayuso exigió conocer la «base científica y técnica» que avala ese listón de 500 positivos, un gesto que desagradó particularmente a los expertos de Sanidad.
Además, pidió al Gobierno central tengan en cuenta otros indicadoresen los que Madrid sobresale, especialmente la «capacidad de elasticidad en camas de hospitalización y de puestos de UCI». «La Comunidad de Madrid tiene la disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en caso necesario y está concluyendo además la construcción del nuevo Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que incrementará notablemente dicha respuesta asistencial», apuntaron desde la sede de la Puerta del Sol, abriendo de nuevo un debate con Sanidad, el de la «elasticidad» de las UCI, que Illa y su equipo habían dado por zanjado hace días, antes incluso del encuentro del lunes de la pasada semana entre Ayuso y Sánchez.
El Ejecutivo autonómico también afeó al ministerio que haya despreciado otro parámetro importante como es la capacidad diagnóstica de la Comunidad de Madrid, «muy superior a la del resto de las comunidades autónomas». «Con la colaboración del Gobierno central, la comunidad estaría en disposición de realizar un test a cada madrileño en estos momentos», se jactó en una nota el Gobierno de Ayuso.
«La Comunidad de Madrid pide criterios objetivos y claros para todas las autonomías pero que no se ciñan solo a los tres indicadores conocidos en las últimas horas. Estos parámetros deben ampliarse dentro del diálogo con todas las consejerías de Sanidad de España», explicó el Ejecutivo regional en un comunicado, en el que elevó el tono contra el Gobierno de Sánchez, al que acusó de querer recortar «derechos fundamentales y libertades de millones de personas» sin tan siquiera haber creado una «una comisión de diálogo con criterios técnicos y científicos y también legales» en el seno del Consejo Interterritorial.
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