Madrid vuelve a encerrarse solo tres meses y medio después del fin del estado de alarma

No obstante, el plan de Sanidad arrancó con menos problemas de los que se esperaban en un principio porque finalmente Ayuso, a pesar de su duro tuit, decidió tirar la toalla, al menos de momento, en su particular guerra contra el Gobierno central y renunció a intentar frenar 'in extremis' en los tribunales el confinamiento de Madrid y de las nueve ciudades más pobladas de la comunidad (Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz).

  Y es que el Ejecutivo autonómico, en el recurso que presentó hoy contra la orden del Ministerio de Sanidad que establece las cuarentenas obligatorias para todas las ciudades de más de 100.000 habitantes con altas tasas de contagios, no pidió a la Audiencia Nacional que estableciera como «medida preventiva cautelarísima» la suspensión inmediata de la entrada en vigor del decreto de Sanidad. Esta petición -que en cualquier caso tenía muy pocos visos de prosperar según todas las fuentes consultadas- era el último cartucho de la Comunidad de Madrid para evitar el confinamiento de más del 70% de su población, ya que estas «cautelarísimas» habrían obligado a los jueces del tribunal de la calle Génova a reunirse de urgencia y decidir sobre la suspensión este mismo viernes o, a lo sumo, en el plazo de 48 horas.

En la decisión de Ayuso de no quemar esta última bala y limitarse a pedir exclusivamente unas medidas cautelares que no obligarán a los jueces de lo Contencioso Administrativo a fallar contrarreloj ha pesado –explican desde la sede la Puerta del Sol- la presión de su vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos), quien desde el principio se mostró en contra de llevar a los tribunales la orden de Illa y que fue el dirigente madrileño que presuntamente acordó el martes los confinamientos con el Gobierno central, un pacto que luego se rompió.

También en el propio Partido Popular, a pesar del respaldo público de Pablo Casado y otros dirigentes, había voces que apuntaban que pedir la suspensión de los confinamientos (y sobre todo conseguir que se suspendieran las cuarentenas) era ir «demasiado lejos» en su enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así las cosas, las medidas cautelares que sí que reclama el Gobierno regional a la Audiencia Nacional deberían ser resultas en el plazo de 10 de días y podría ser que ya no tuvieran efecto práctico si el confinamiento (de vigencia de dos semanas pero prorrogable) no siguiera ya vigente.

En su escrito, los abogados del Gobierno autonómico insisten en que el Gobierno central ha impuesto su plan de cuarentenas a las grandes ciudades con altas tasas de virus a pesar de saber que necesitaba el apoyo de todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado miércoles. Según Madrid, la orden de Illa, por tanto, «se encuentra viciada ante el hecho incuestionable de no haber sido adoptada por consenso». Por ello, el Ejecutivo de Ayuso denuncia la «invasión de competencias» por parte de Sanidad.

Buena parte del recurso se centra en el supuesto perjuicio económico que el parón provocado por los confinamientos causará y cita un informe de la Consejería de Hacienda que asegura que las nuevas medidas harán que se pierdan 750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica, lo que, además, implicará la destrucción media semanal de 18.000 empleos.

El Ejecutivo regional, que reconoce la necesidad de adoptar medidas para frenar la escalada del virus en Madrid, insiste, no obstante, en que estas restricciones tienen que guiarse por la «especial mesura en su adopción, enfoncándolas siempre a una finalidad sanitaria, pero en el marco de los principios de utilidad y, muy especialmente, proporcionalidad» debido a que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos. De hecho, apunta el recurso, las limitaciones impuestas ahora por Sanidad deberían estar amparadas por un estado de alarma.

No obstante, y al margen de este recurso de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tendrá que validar o no la orden de Illa que propone el aislamiento perimetral de los municipios de más de 100.000 vecinos en el caso de que éstos sobrepasen las tres temidas barreras: los 500 casos de incidencia acumulada cada 100.00 habitantes; una positividad en las PCR superior al 10%; y una ocupación de enfermos de la covid en las UCI superior a 35%.

Es probable que hasta que el TSJM no avale el plan de Illa las autoridades no comiencen a imponerse la mayoría de las sanciones económicas a los infractores que salten las cuarentenas. Tantos las autoridades nacionales como autonómicas y locales quieren dar unos días de margen a la ciudadanía para interiorizar estas enésimas normas de confinamiento antes de comenzar con las multas que irán de 600 a 600.000 euros. Por ahora, el Superior de Madrid ha dado por buenas las dos órdenes del Gobierno de Ayuso para cerrar primero 37 zonas básicas sanitarias y luego otras 8 por presentar más de un millar de casos de incidencia acumulada.