Ayuso gana la primera batalla para bloquear las restricciones al ocio en toda España

La sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal de la calle Génova, en una decisión que abre la puerta a que otros ejecutivos autonómicos 'rebeldes' puedan bloquear de forma automática las órdenes del CISNS en sus respectivos territorios, acepta frenar las instrucciones aprobadas la pasada semana por ese órgano, ya que el «interés público que alega la comunidad autónoma está más necesitado de protección cautelar urgente en este momento procesal» que el acuerdo del Consejo. Y ello, zanjan los jueces porque existe «el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes». Unos perjudicados que, se infiere de la resolución, no serían solo los empresarios nocturnos, sino también los ciudadanos a los que se pretenden recortar su ocio en los bares, terrazas o discotecas este verano.

Los magistrados insisten en que es necesario apoyar la «medida cautelarísima» reclamada por el Gobierno de Ayuso, porque, de no hacerlo, «el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones» como el que plantea Sanidad.

En todo caso, agregan los jueces , «nos parece que la seguridad jurídica, en este caso, concentra un interés público especialmente intenso (derechos fundamentales) , de tal suerte que su protección momentánea revela un interés cualificado, que denota la urgencia y necesidad de la medida cautelarísima y la justifica».

Ni siquiera Isabel Díaz Ayuso se esperaba un espaldarazo de este nivel y tan inmediato de la Audiencia Nacional, solo horas después de ordenar a su equipo jurídico presentar un recurso contra unas medidas «arbitrarias y que atentan contra el sentido común e interés de los madrileños», tal y como escribió en Twitter.

El recurso que recibió el amparo exprés del Contencioso pedía la paralización inmediata y «cautelarísima» del acuerdo del pasado 2 de junio por considerar que obligar al cierre adelantado de la hostelería y del ocio nocturno iba a causar «un daño inmediato, irreparable e insubsanable» al sector.

Madrid, aunque en este primer escrito solo reclamaba paralizar de manera preventiva la polémica orden, ya adelantaba que su objetivo final es la «íntegra anulación» de la resolución promovida por Sanidad y que no fue apoyada por Madrid, Castilla y León, Andalucía, Galicia, Cataluña, Murcia, Melilla y País Vasco.

El recurso atendido al 100% por los jueces denunciaba que las órdenes del Interterritorial «sumen al ciudadano en un régimen de medidas voluble» y que, además, estas resoluciones se han «impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente». El escrito, por ello, sostenía que la resolución promovida por Carolina Darias es «una afrenta clara a la seguridad jurídica».

Los abogados de la Comunidad argumentaban ante los jueces de la Audiencia Nacional que la anulación de la resolución de manera provisional, tal y como finalmente ha sucedido, no iba a provocar ningún tipo de vacío legal en la región porque en Madrid, desde el 7 de mayo, rige ya una orden de la Consejería de Sanidad en la que se «establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid una vez finalizada la prórroga del estado de alarma».

La apelación de Madrid, además, insistía en que la «declaración de actuaciones coordinadas» que el Gobierno central trasladó al BOE el pasado sábado está «viciada de origen», ya que es un «hecho incuestionable» que no se adoptó por «consenso», tal y como fija la normativa del propio Consejo Interterritorial.

Y es que, el artículo 73 de esta Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que es el que da carta de naturaleza al Interterritorial, establece textualmente que «los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso». Un consenso para meras «recomendaciones» que también certifica el reglamento que fija el funcionamiento del consejo y que, evidentemente, no contradice la ley y en ningún momento da un carácter normativo a esos acuerdos.

Y es ahí donde Madrid y el resto de las autonomías críticas chocan frontalmente con el Gobierno central. Las primeras, lideradas por Madrid, entienden ese «consenso» como sinónimo de «unanimidad». En Sanidad, sin embargo, lo interpretan como «mayoría» de las comunidades. Los servicios jurídicos de Madrid tratan de zanjar el debate tirando de la única acepción reconocida en el diccionario de la RAE: «Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos». «Todos», insisten en subrayar los letrados de Díaz Ayuso.