Hasta ahora, el plan de vacunación contra la covid había sido prácticamente el único flanco de la lucha contra la pandemia que se había salvado de la confrontación política que sí había inundado otros campos como la compra de material, los confinamientos o las restricciones ... al comercio o la hostelería. Pero el volantazo del jueves de Sanidad al decidir que la profilaxis de AstraZeneca que hasta ahora se reservaba a los menores de 65 años pasaba a destinarse exclusivamente a los mayores de 60 ha roto esa tregua implícita. Y sobre todo, ha sumido en el desconcierto a los responsables políticos y técnicos de las consejerías, incapaces de explicarse o explicar a los suyos por qué se cambia 180 grados el plan de inmunización para vetar AstraZeneca a los más jóvenes si la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ni siquiera lo sugirió y Sanidad siempre había prometido seguir al dedillo las instrucciones del regulador europeo.
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El plan de vacunación, por lo pronto, ya ha llegado al Congreso. El PP registró hoy en la cámara baja una petición de comparecencia para que la ministra Carolina Darias explique por qué este cambio de criterio. El líder de los 'populares' recriminó al Ejecutivo central que se esconda tras las autonomías y la EMA para eludir sus responsabilidades en este sorpresivo cambio de rumbo. «La responsabilidad exclusiva frente a epidemias es del Gobierno. No puede ser que cuando llega una remesa de vacunas pongamos una pegatina, desaparezcamos tres meses echando la responsabilidad a las comunidades y Europa, que luego reaparezcamos para decir que vamos bien, y cuando hay dudas sobre una vacuna el presidente se vaya a Angola sin dar explicaciones«, apuntó Pablo Casado.
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Durante el apresurado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la noche del miércoles solo Madrid, con su voto en contra, y Euskadi y Ceuta, con sus abstenciones, plantearon abiertamente objeciones a la decisión de Sanidad de cambiar toda la estrategia de vacunación solo dos horas después de escuchar a los responsables del Comité de Evaluación de Riegos de Farmacovigilancia (PRAC) de la EMA, pero según revelan fuentes del encuentro la mayoría de las consejerías mostró su «estupor» por la premura de la decisión de prohibir la vacunación en menores de 60 sin un análisis más pausado y sin decidir qué hacer con los más de dos millones de personas que ya han recibido la primera dosis. Y, sobre todo, por mostrar este nuevo criterio como una cuestión «incontrovertida» cuando la PRAC había subrayado poco antes que no había encontrado evidencias, ni en un sentido ni en otro, de que la edad u otras circunstancias, como el género o el historial médico, fueran un factor de riesgo en las extrañas embolias. De hecho, en toda Europa solo Bélgica e Italia, junto a España, se apresuraron a cambiar radicalmente su plan de inmunización.
Madrid, este jueves de resaca tras la maratoniana jornada de miércoles, volvió a ser la comunidad más crítica, pero ni mucho menos la única. «Lo del Gobierno es un sinsentido. No se puede dar palos de ciego constantemente. Nosotros hemos defendido siempre que se vacune a todas las personas mayores de 65 años porque es muchísimo mayor el beneficio que el riesgo. No se puede ahora a mitad de la partida volver a cambiar de criterio. En ese Consejo Interterritorial se cambia de criterio constantemente», denunció Isabel Díaz Ayuso. Su consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, expresó este jueves en público lo que muchos otros responsables de las comunidad, y no solo del PP, están manifestando en las últimas: «Existe un regulador como la EMA que decide cuál es el criterio. No puede ser que con un informe verbal (de Sanidad) nosotros decidimos que no se puede vacunar a los menores de 60. No podemos estar permanentemente confundiendo», lamentó.
Comunidades como Cataluña o Andalucía, que incluso votaron a favor del volantazo, hoy criticaron sin ambages el cambio. La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, denunció el «ir y venir» del Gobierno central, mientras el presidente de la Junta, Juan Moreno, se quejó de que el Ejecutivo central se está limitando a ser un mero «transportista de vacunas» en medio de un panorama de «descoordinación».
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