Abren diligencias previas contra Illa por la compra de las mascarillas ‘fake’

El juzgado ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre si la competencia es de la justicia ordinaria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, habida cuenta del carácter de aforado del querellado, que es diputado autonómico.

La CESM denunció en abril de 2020 al entonces ministro por la compra y distribución entre los profesionales sanitarios de mascarillas no homologadas y que no impidieron los contagios.

El 20 de marzo de 2020, en plena crisis mundial por el desabastecimiento de mascarillas, el Ministerio de Sanidad adjudicó sin ningún tipo de concurso al desconocido intermediario internacional Hangzhou Ruining un contrato para el suministro de 8,8 millones de mascarillas. El departamento de Salvador Illa pagó a esta empresa 31,3 millones de euros, una cifra exorbitada incluso para esos días (3,55 euros cada tapabocas).

La cuarta parte del pedido -2,1 millones de mascarillas del tipo FFP2- tenían como fabricante a la empresa Garry Galaxy, otra firma también sin prestigio alguno en sector. A pesar de ello, sus mascarillas inundaron de inmediato los hospitales y residencias, hasta que en abril tuvieron que ser retiradas urgentemente al comprobar que centenares de miles de estos tapabocas eran defectuosos y no protegían de los contagios. De hecho, decenas de profesionales sanitarios resultaron infectados a pesar de portarlas siguiendo escrupulosamente los protocolos marcados por Sanidad.