Una ayuda de 100 euros para los hogares con hijos pequeños

El texto, aún pendiente de la negociación con varios ministerios, especialmente con el de Hacienda, se quiere llevar por la titular de la cartera, Ione Belarra, lo antes posible al Consejos de Ministros, para que le dé su visto bueno y lo remita al Parlamento, que es quien tramitará el proyecto y probará la ley.

Esta ayuda, que Belarra pretende que sea «universal», busca reducir los apuros económicos de las familias de cualquier tipo para tener hijos y llegar a aquellos hogares que por exigencias burocráticas o falta de un empleo establece no consiguen el Ingreso Mínimo Vital y no gozan de las ayudas laborales y fiscales a la maternidad. No se ha detallado la letra pequeña de la prestación. Por ejemplo, hasta qué edad recibirán los progenitores esta renta crianza o si habrá algún límite patrimonial.

La futura ley de Diversidad Familiar pretende garantizar idénticos derechos y prestaciones para todos los tipos de familias -incluidos los no casados, las reunificadas tras separaciones, las de acogida o las LGTBI-, dar la protección máxima a todos los niños de todos los hogares y respaldar la conciliación laboral y familiar y los cuidados.

La norma pretende dar un fuerte empujón a la maternidad con el objetivo de ampliar las actuales 16 semanas de permiso pagado por paternidad a ambos progenitores a 24 (seis meses). El proyecto incluye una especial protección para los hogares monoparentales, que tienen 20 puntos más de riesgo de pobreza que los demás. En estos casos, el único cabeza de familia podrá disfrutar de los dos permisos de natalidad (sean 8 meses o, luego, un año) y tendrá unas ventajas laborales, fiscales e impositivas equivalentes a las que tienen hoy en día las familias numerosas.

El proyecto de ley quiere incluir apoyos concretos para las familias de acogida, para intentar que los menores bajo la custodia del Estado no terminen en centros sino en hogares, y políticas que hagan la vida más fácil a las madres víctimas de la violencia machista, las familias en riesgo de exclusión social y los hogares con menores discapacitados o dependientes.

La ley apuesta por la creación de la red pública de centros educativos para los niños de cero a tres años, que la programación presupuestaria del Gobierno ya ha empezado a dotar con el objetivo de rozar las 70.000 plazas nuevas hasta 2024.