La sentencia de La Manada dispara la tensión entre los políticos y la justicia

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió a los jueces «reflexión» y «que tengan en cuenta el mensaje que lanzaron las mujeres el 8-M», un día en que «España cambió». La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, fue más allá y acusó a Lesmes de «querer limitar la libertad de expresión» de los que rechazan la sentencia. Robles, exmagistrada del Supremo, denuncia que el también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no evita «disfunciones» como la del voto particular del magistrado Ricardo González, que vio en los vídeos «jolgorio».

En la misma línea se pronunció Pablo Echenique. El dirigente de Podemos reprochó al presidente del Supremo su apoyo a un juez «que ha emitido un voto particular del Paleolítico». «Si Lesmes está más preocupado por proteger a un juez que ha emitido un voto objetivamente repugnante, él verá qué tipo de prioridades tiene», afirmó Echenique.

Desde el PP y Ciudadanos las reacciones fueron más templadas. El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, puso el foco en el lugar donde el día anterior lo había colocado el Gobierno: en la reforma del Código Penal para castigar con más dureza las agresiones sexuales y las violaciones. «Si hay que cambiar las leyes para proteger a las mujeres, se hará, porque este asunto es de absoluta actualidad, fundamental e irrenunciable», aseguró Moreno. La presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, dijo entender la «indignación» que ha suscitado la sentencia entre amplísimas capas de la sociedad y reclamó «tranquilidad y consenso» para «mejorar» la legislación contra la violencia machista.

El viernes por la tarde, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, envió a los medios un comunicado en el que defendía a los jueces que habían firmado la sentencia contra La Manada. «El tribunal ha valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico», escribió Lesmes.

Pero el máximo representante del poder judicial no se quedó ahí, sino que también recriminó a los políticos sus ataques contra los magistrados. «Cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales», aseveró.

El presidente del Supremo se hacía eco del clamor de las organizaciones que agrupan a los profesionales de la justicia. Con distinto tono, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia utilizaron palabras como «linchamiento» o «falsedades» para describir la actitud de los políticos contra la sentencia.

A ellas se unió este sábado la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, que calificó como «ataques desmedidos» las afirmaciones de algunos políticos, incluyendo las del ministro de Justicia, Rafael Catalá. A los partidos achacan «la tentación de legislar a golpe de noticias» y denuncian la normalidad con la que «se desprecia la labor de los jueces y fiscales y se realizan juicios paralelos». Mientras, más de 1,2 millones de personas han firmado en dos días una petición en Change.org dirigida al Tribunal Supremo para reclamar la inhabilitación de los jueces del caso de La Manada.