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Cuando el capítulo de la 'ley trans', promovida por Unidas Podemos y vetada por el PSOE, todavía no ha sido cerrado, empieza otro enfrentamiento entre el feminismo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, versus el de la vicepresidenta Carmen Calvo, por el tema ... más espinoso, la prostitución. «Un caso abierto por décadas en el feminismo», según Montero, quien hace apenas un par de semanas mantenía en una entrevista a este periódico que estaba «ultimando los detalles de un plan con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz para una acción sociolaboral» contra la prostitución.
Pero tres días después de que Montero anunciara finalmente una Ley Integral Contra la Trata, Calvo hacía lo mismo con una «legislación nacional contra la prostitución y la trata» que perseguiría ambas, con especial énfasis en la situación «absolutamente violenta» de «mujeres y menores».
Son dos trenes que chocan -otra vez- por la bandera feminista. Están las 'abolicionistas', como Calvo, que consideran que los derechos de las mujeres son rotos en cada acto de compra y venta de sexo, y abogan por la penalización del cliente y los proxenetas. Las otras son las 'regulacionistas', como Montero, quienes sostienen que la mujer debe decidir qué hacer con su cuerpo, incluso si quiere comerciar con él. Para ellas, la prostitución y sus actividades relacionadas deben ser legales pero reguladas.
«Somos abolicionistas», zanja Calvo y renueva su enfrentamiento abierto con Montero, que se ha declarado, por el contrario, «no muy partidaria de las medidas punitivas».
Prohibir o no prohibir, y cuánto se prohíbe, es el matiz cuando se habla de putas y puteros. En este momento la ley pena la explotación sexual, no así el ejercicio de la prostitución voluntaria, un resquicio por el que se cuela la «tercería locativa», una figura que permite que los proxenetas se lucren sin ensuciarse las manos a ojos de la justicia. Por esta grieta legal ha surgido un negocio que ha convertido a España en un país «puntero» en número de bares de carretera y pisos privados, según Calvo. «Hay trata porque hay prostitución, si no hay prostitución no hay trata», resumía Calvo su propuesta de prohibición sin medias tintas. El punto más tenso está en «poner el foco sobre los varones que utilizan la prostitución» y perseguir al putero. La resistencia social es tanta como el «tremendo» consumo de prostitución que hay en todos los rincones españoles.
En este punto, Montero había asegurado que «ya es legal la posibilidad de multar a los puteros y no se está demostrando como la medida más eficaz para combatir la explotación sexual. La prioridad debe ser la garantía y protección de los derechos de las mujeres». Como primer paso a su ley, aunque truncada -de nuevo- por Calvo, la ministra de Igualdad había anunciado que se haría un «diagnóstico» para la «regulación integral del fenómeno de la trata». Pero trata y prostitución son legalmente dos cuestiones diferentes, y la iniciativa de Montero no incluye la prohibición de la segunda. «El principal reto es legislar el proxenetismo no coactivo», asegura Montero.
El «camino correcto», anuncia la vicepresidenta, pretende acabar «en el terreno» con un «horror frente al cual todo el mundo se pone orejeras». En eso sí coincide con Montero, que ha señalado tanto a PP como a PSOE. «En este país las medidas que se han tomado, tanto la eliminación de la tercería locativa por parte del PSOE, como la laxitud en la persecución penal del proxenetismo, sobre todo del PP, han permitido la impunidad». Desde Unidas Podemos se propone reforzar las medidas específicas en el marco de la ley de libertad sexual.
Pero Calvo entiende que la abolición de la prostitución es necesaria para la propia igualdad entre hombres y mujeres. Que al igual que los vientres de alquiler, ninguna mujer pueda mercadear con su cuerpo por una cuestión de dignidad y seguridad, aun cuando sea de forma voluntaria. La prostitución significa, para Calvo, que «nuestra sexualidad está a disposición de los varones, que somos una mercancía que se compra y se vende». En su discurso en el foro 'La España que hacemos: libre de trata y prostitución', celebrado ayer en Madrid, retó directamente a Montero. «Hay quien piensa que lo mejor es regular».
En esta «lucha de país», que acaba de iniciar Calvo, movilizará su fuerza política para «convencer» a la mayoría de los partidos, aunque admite que «no habrá unanimidad», y lograr el apoyo de ayuntamientos y comunidades autónomas. Calvo también advirtió del uso de «palabras nuevas» para esconder el «terror», advirtió. «Tendremos que hacer frente a viejos y conocidos enemigos, que son el patriarcado y ese derecho que siente un hombre para acceder al cuerpo de una mujer». También se enfrentarán los dos partidos de Gobierno.
A las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, en las que anunció la preparación de una ley que aboliera la prostitución (por tanto, impedir su ejercicio, incluso voluntario) y apuntara también al cliente, sólo ha salido al paso Ciudadanos. No ha habido más reacciones, ni de Unidas Podemos y la ministra de Igualdad Irene Montero, ni de las asociaciones que trabajan en el terreno con prostitutas, sean o no víctimas de trata, tal como lo reconoce la legislación española. Hace falta más información para saber la estrategia de Calvo y el alcance de su ley, afirmó una fuente que trabaja en el terreno.
La formación de Inés Arrimadas ha recordado su posición 'regulacionista', para establecer normas a la práctica de la prostitución libre con «garantías», según lo que cada persona «decida hacer». Esta regulación, manifestó la portavoz del partido naranja Melisa Rodríguez, este lunes en Madrid.
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