El Poder Judicial censura la 'ley del solo sí es sí' y pide cambios de calado

Los 21 vocales progresistas y conservadores, en esta ocasión, van de la mano en sus múltiples críticas al anteproyecto de ley elaborado por el departamento de Irene Montero y elevan al Gobierno un informe en el que fijan con nitidez elementos de calado que creen que habría que cambiar para que la reforma se ajuste a la legalidad. Sus recomendaciones no son vinculantes, pero, por ser el órgano que es y por tratarse de una decisión unánime, deberían ser tenidas en cuenta por el Ejecutivo antes de redactar la reforma legal definitiva, la que luego remitirá al Congreso para su tramitación y aprobación.

El CGPJ, en el que probablemente sea su último pleno con la actual composición, dio por buenas las críticas contenidas en las 158 páginas de la ponencia elaborada a principios de mes por dos vocales progresistas y uno conservador, los tres figuras de referencia del derecho penal español. El análisis lo pactaron Pilar Sepúlveda, una de las mayores expertas legales en violencia sexual contra la mujer, Roser Bach, que durante tres años dirigió la Escuela Judicial, y Juan Manuel Fernández, que fue presidente del tribunal superior de Navarra. Sus tesis, además, coinciden casi letra por letra con las críticas al proyecto aireadas por la progresista Jueces para la Democracia.

Montero declaró hace días que si el Poder Judicial ponía en cuestión los puntos centrales de su reforma ignoraría sus recomendaciones y seguiría adelante hasta aprobar su diseño de reforma del Código Penal. Lo justificó en que el consejo siempre se opone a las leyes más progresistas, como hizo en con la integral de lucha contra la violencia de género o con la del matrimonio homosexual. Sin embargo, lo que no dijo es que aquellos informes de 2004 y 2005 fueron muy ideológicos, aprobados solo por la mayoría absoluta conservadora contra los proyectos más ambiciosos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El de hoy, cuenta con el respaldo de los 21 juristas de la institución, tanto los propuestos por el PSOE como los respaldados por el PP.

La primera gran objeción del informe del Poder Judicial es que considera «innecesaria» la inclusión en la ley de una definición del concepto de consentimiento en las relaciones sexuales, uno de los elementos en cambio determinantes para el ministerio de Montero.

Los vocales recuerdan que el Código Penal vigente ya asienta la existencia de estos delitos en la falta de consentimiento, pues «considera punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo, sea en la forma de agresión o en la de abuso sexual, bien porque no exista tal consentimiento o bien porque se trate de un consentimiento viciado». Ve «innecesario» el añadido del anteproyecto: «Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto».

Es más, no solo lo considera prescindible sino incluso contraproducente y lesivo. Entiende que demandar semejante cantidad de exigencias para demostrar que hubo consentimiento puede vulnerar la Constitución al trasladar la carga de la prueba al investigado que, para eludir la condena, tendría que demostrar que no es culpable, lo que terminaría con su presunción de inocencia.

Los vocales, además, creen que la incorporación de la definición «no logrará evitar la victimización secundaria» de la presunta agredida, si es lo que persigue el texto, pues obligará, al contrario, a que buena parte del interrogatorio verse sobre la forma en que la víctima presta el consentimiento sexual.

No obstante, por si sus advertencias técnicas caen en saco roto y la definición se mantiene, aconsejan que al menos la cambien para evitar «contradicciones». Piden que en su parte final «se refiera solo a la voluntad a secas» -excluyendo el adjetivo «expresa»-, para que esta se pueda manifestar -como se da a entender en la primera parte de la frase- «de modo expreso o tácito».

La segunda gran objeción afecta a otro elemento clave del anteproyecto: la fusión que hace en una única categoría (agresión sexual) de las actuales dos gamas de delitos contra la libertad sexual, el abuso y la agresión (que con penetración es violación).

La ponencia señala que «la indiferencia valorativa de los medios comisivos» que observa en la reforma choca con el principio de proporcionalidad de la pena. Esto puede provocar, en primer lugar, «desprotección de la víctima», porque al agresor le sería indiferente usar un medio más o menos lesivo. Propone solucionarlo creando «una modalidad agravada de agresión sexual» cuando concurran amenazas o violencia claras, «imponiendo la pena en su mitad superior».

Pero es que también entiende que hay falta de previsión por el otro extremo. Porque cree que el texto no deja claro al juez con qué pena debe castigar los diferentes grados de agresiones sexuales, por lo que podría castigarse «con gran severidad conductas que presentan un grado menor de lesividad» (las que ahora son abusos leves). Por ello, recomienda configurar un nuevo «precepto autónomo atenuado» que vincule la «menor entidad» a la no existencia de acto sexual, y que no sea aplicable cuando concurra violencia, intimidación o abuso de superioridad, prevalimiento sobre personas que se hallan privadas de sentido, o cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad».