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Durante tres años se aplicará un «plan de choque» para reducir las listas de espera de la dependencia y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores, la mayoría mujeres, gracias a un acuerdo firmado entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios involucrados en ... el sector. Para ejecutar el 'Plan de choque en dependencia' aprobado por «la mesa de diálogo social en autonomía personal y dependencia», la vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias ha comprometido unos fondos de 600 millones de euros de los presupuestos generales y otros 700 millones de los fondos europeos.
En total 1.300 millones que «viene a reparar una injusticia que hizo mucho daño a nuestra patria», dijo Iglesias durante la firma del acuerdo, escenificado en Madrid. «230 mil personas que tienen derecho a esta atención no la están recibiendo». Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales la lista de espera suma las 370.000 personas, entre las que aguardan por la aprobación de su condición de dependiente y las que están pendientes de valoración.
En el acto también se encontraban Gerardo Cuerva, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los secretarios generales de los sindicatos CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, como representantes de las partes que comenzaron a reunirse en julio de 2020, cuando ya la pandemia había superado la primera ola. «Gobernamos y llegamos a acuerdos a los que antes no se lograban», afirmó Iglesias que engrasaba así su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. «Desde la vicepresidencia social estamos muy orgullosos de haber impulsado este plan».
Tanto los empresarios, que prestan servicios privados o concertados con las Comunidades Autónomas, como los sindicatos, se mostraron satisfechos con los fondos prometidos para impulsar un sector que beneficia actualmente a «un millón de personas», según datos suministrados por Iglesias. «Llevamos mucho tiempo firmando acuerdos y siempre quedan muchas plumas», mantuvo Álvarez, que recordó que la ley de dependencia, aprobada en 2006, no «preveía quién iba a pagar». «En éste queda el cumplimiento, que es lo más importante».
El texto suscrito «identifica compromisos importantes para el impulso del sistema», dijo Sordo: una evaluación sobre «cómo funciona», un aumento «sustancial y cuantitativo» de la financiación y una «mejora en las condiciones laborales». Debido a que los recortes han generado «una precarización escandalosa de la retribución de los profesionales, casi todas mujeres», dijo Iglesias, «el punto de partida es revertir en un solo presupuesto los recortes en la financiación, que dejó de aportar más de 400 millones».
Entre los puntos más importantes que destacan los empresarios están el análisis de «la situación de la dependencia» en un plazo de seis meses y el desarrollo de una acreditación de la calidad que se ofrece en los centros, tanto públicos como privados, según la Federación Empresarial de la Dependencia. «Hay que poner en valor lo privado, que ha estado a la altura en la pandemia, al igual que lo público», sostuvo Cuerva en su turno de palabra. «El estado de bienestar se logra con una economía potente y un sistema productivo que cree en potenciar a la empresa, como generadora de recursos».
Los participantes exhortaron a seguir con el diálogo. «No es que los interlocutores hayan aprobado los planes presentados por la vicepresidencia. Lo hemos debatido y se han aportado cuestiones sustanciales. Me lo iban trasladando. Esta vicepresidencia cumple con los compromisos de Gobierno. Un gobierno no solo es de izquierdas porque lo repita muchas veces, sino cuando cumple ante la ciudadanía», finalizó Iglesias, refiriéndose a la posición del PSOE de no admitir su exigencia de regular los alquileres de viviendas. «No cumplir es faltar el respeto a los ciudadanos de este país».
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