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La contaminación atmosférica es un dolor de cabeza recurrente para los alcaldes de las grandes ciudades. Cada cierto tiempo los ayuntamientos de Madrid y Barcelona ponen en marcha protocolos de actuación para reducir la presencia de partículas contaminantes. La Ley de Cambio Climático, aprobada recientemente ... en el Congreso, establece de manera obligatoria la aplicación de zonas de bajas emisiones (ZBE) para urbes de más de 50.000 habitantes y para aquellas de 20.000 que adolezcan de una deficiente calidad del aire. Sin embargo, un reciente estudio de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade) concluye que los peajes urbanos son más efectivos para reducir las emisiones, pues además de mitigar la polución, se revelan como una buena solución para aminorar la congestión de tráfico, problema que no resuelven del todo las ZBE.
En el análisis 'Políticas para reducir contaminación y congestión en áreas urbanas: ¿peajes urbanos o zonas de bajas emisiones?', firmado por los profesores Valeria Bernardo, Xavier Fageda y Ricardo Flores-Fillol, se argumenta que, a pesar de su impopularidad, las tasas aplicadas para acceder a las ciudades en horas punta «son una medida efectiva» para mermar los atascos. En ciudades donde se han puesto en marcha, como Gotemburgo y Palermo, se ha conseguido rebajar el tráfico lento y los atascos en un 29% y 19%, respectivamente.
Marta Suárez-Varela, coordinadora de investigación en el área de Transición Ecológica de EsadeEcPol, señala que en Madrid, una de las urbes pioneras en la imposición de una zona de bajas emisiones, la congestión viaria se ha incrementado un 2%. «El tiempo adicional dedicado a los desplazamientos por culpa de los atascos tiene un coste de 840 millones para las empresas, lo que en Barcelona equivale a una pérdida de 14 jornadas laborales y de 12 en el caso de Madrid», asegura Suárez Varela.
Del estudio se desprende que las zonas de bajas emisiones sólo prohíben la entrada de los más coches más contaminantes, por lo que acaban afectando a un número limitado de conductores. «En cambio, los peajes afectan a todos los vehículos». Por añadidura, los espacios de bajas emisiones no suelen acompañarse de inversiones en transporte público, de modo que el coste que tienen que afrontar los ayuntamientos en su aplicación es relativamente bajo».
Los autores del informe han tomado como muestra 130 grandes ciudades de 19 países de la UE y Reino Unido. En este sentido, han observado que todas las ciudades españolas, salvo Bilbao, Valladolid y Zaragoza, superan el umbral fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir del cual es posible encontrar una asociación clara entre la exposición prolongada a la polución y las enfermedades cardiopulmonares.
Dos factores juegan a favor de que los poderes públicos hayan apostado sin titubeos por las restricciones a los vehículos más contaminantes, como hacen las ZBE. Por un lado, éstas incentivan la renovación de la flota automovilística, en la medida en que generan incentivos para que los propietarios lo cambien por otros más eficientes y limpios. Ello supone, dice el análisis, un alineamiento «con los intereses corporativos de la industria automovilística, cuya influencia en la opinión pública y en las decisiones políticas es considerable». Además, la apertura de estas zonas se hace en ciudades «relativamente ricas», en las que hay mayor proporción de conductores de coches no contaminantes».
En el informe se propone establecer periodos de prueba que ayuden a disipar la incertidumbre que se cierne sobre los peajes y combinar, en vez de oponer, las dos fórmulas, que ahora tienden a plantearse en términos excluyentes.
La contaminación atmosférica causa la muerte prematura a 428.000 personas en 41 países de Europa, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (Aema). De todas ellas, unas 44.600 defunciones de individuos mayores de 14 años corresponden a España.
Los vehículos de combustión tienen los días contados
A partir de 2040 no podrán venderse en España turismos que liberen dióxido de carbono, la principal emisión causante del efecto invernadero. Diez años después no podrá circular ningún coche propulsado por combustibles fósiles. Así lo establece la Ley de Cambio Climático, a la que el Congreso dio su visto bueno a mediados de abril. De acuerdo con el último inventario oficial, que data de 2019, el transporte es el responsable del 29,1% de todas las emisiones de este tipo de gases.
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