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La presión social ha frenado este miércoles el desahucio de una mujer, de 78 años, en Barcelona. Blanca Espinosa ha estado a punto de ser desalojada de la casa donde ha vivido en los últimos 50 años y donde vivió con su marido, ya fallecido, ... y sus dos hijos. Un piso en pleno Gótico de la capital catalana que es un caramelo para los turistas. La justicia había aprobado la ejecución del desahucio. Lo reclamó la propietaria del piso, porque Blanca le debía la friolera de 88 euros. Los vecinos se han echado a la calle y de momento han conseguido que se paralice su expulsión de la inquilina.
Pero solo por 15 días. Ese es el tiempo que tiene para negociar con la propietaria un nuevo alquiler o para tratar de encontrar otra vivienda. Con su hija no puede ir, porque vive en Reus (Tarragona) y con su hijo, tampoco, pues asegura que reside en un piso muy pequeño. Fuentes judiciales señalan que el primer lanzamiento estaba previsto para el 20 de abril de 2020. Pero quedó paralizado con motivo de la pandemia de covid. Un auto judicial afirma que la propietaria tiene una «resolución judicial favorable a la recuperación de su inmueble desde 2019». «No está obligada a soportar la situación personal» de la inquilina, afirma la jueza, pues desde 2010 «tiene alternativa habitacional» y desde 2017 (fecha en la que se inició este procedimiento) su caso está siendo seguido por servicios sociales.
Según la justicia, la arrendataria «no cumple con los requisitos dispuestos por la ley para apreciar la condición de persona vulnerable» y en consecuencia «debe procederse a la fijación de fecha de lanzamiento y puesta a disposición del inmueble a la propiedad». »Me he casado aquí, he tenido hijos aquí y ahora esta mujer quiere que me vaya porque quiere usarlo como piso turístico«, a lamentado la mujer en Rac-1, mientras cientos de personas aguardaban en la calle la resolución del caso y mientras la comitiva judicial y los mediadores municipales negociaban una solución, que podría pasar por acogerse a un piso para gente mayor del Ayuntamiento.
Todo ello solo por 88 euros. Una cifra muy menor. La propietaria hizo una obra en la cocina. Y decidió que incrementaría el alquiler por valor de 88 euros mensuales para cubrir los gastos de las reformas. La inquilina no quedó satisfecha con el resultado de las obras y se negó a pagar el añadido a su renta mensual, que pasó a ser de 340 euros. Ante la negativa a pagar, la propietaria recurrió a la justicia, que le acabó dando la razón, a pesar de que Blanca accedió a pagar y solo le adeudó dos meses, 177 euros, que finalmente abonó. Un juzgado determinó que con el incumplimiento de una mensualidad ya era suficiente para aplicar la expulsión judicial. El juzgado de primera instancia, en cambio, no lo vio igual. El pianista James Rhodes se ha ofrecido a pagar 20.000 euros, pero Blanca se ha negado.
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