Un 8-M de pañuelos morados y 'streaming'

En vez de concentraciones de cientos de miles de personas de años anteriores, en esta edición las protestas tendrán especial protagonismo en las redes y emisiones por 'streaming'. Las plataformas feministas animan a exhibir pañuelos morados en el trasporte público, las terrazas y los supermercados, acciones que se complementarán con mesas informativas, paseos al aire libre, comidas y marchas en bicicleta. En su mayoría, las organizaciones en defensa de la mujer llaman a un respeto escrupuloso de las recomendaciones sanitarias. Aun así, unas 500 acciones están convocadas en todo el país.

A las reivindicaciones clásicas, como la persistencia de la brecha salarial, el desigual reparto del trabajo doméstico o la inferior representación en los órganos de poder político, judicial y económico, las mujeres tienen un motivo añadido para salir a la calle, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan. La covid ha arrasado con las expectativas económicas de las mujeres. No en balde, España terminó 2020 con más de tres millones y medio de parados, de los cuales casi dos millones son mujeres.

 

La politóloga, antropóloga y coordinadora de Igualdad en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), María Olivella, certifica que la pandemia ha empobrecido a las mujeres. Pero además, el SARS-CoV-2 ha golpeado con especial saña a las trabajadoras que desempeñan servicios esenciales, profesiones sanitarias o procuran cuidados a niños y ancianos. «La mayoría de trabajos de atención al público y de cuidados están ocupados por mujeres. A ellos se añaden la enfermería y la medicina, que son sectores muy feminizados. Están las que trabajan en los supermercados, comercios, las que hacen la limpieza... Toda la primera línea de oficios más expuestos a la covid están ocupados mayoritariamente por mujeres, que han contraído más contagios».

El virus ha traído como consecuencia la vuelta a la doble jornada. Las mujeres ya se hacían cargo de la mayoría de las responsabilidades del hogar y del cuidado de los niños a pesar de su ingreso en la fuerza laboral. Pero ahora todavía más. «Las madres son las que están costeando, en detrimento de su economía, con sus sueldos, las cuarentenas preventivas de sus hijos e hijas y los cuidados», argumenta Laura Baena, fundadora del Club Malasmadres.

La jornada se desarrollará en un clima enrarecido a causa de ataques cruzados entre las diversas corrientes feministas. La 'ley trans' no es el único punto de discordia. Las discrepancias entre el feminismo antineoliberal y el más institucional es palpable. Según las primeras, la primera huelga de 2018 descolocó a líderes históricas del movimiento, que no supieron venir el cambio que se avecinaba. Para las segundas, la Comisión del 8-M, convocante del primer paro general feminista, puede morir de éxito al intentar abarcar demasiado e intentar bloquear ciertos debates como la abolición de la prostitución.

 

 

Alicia Miyares es profesora en el Departamento de Filosofía Moral y Política de la Uned y asesora de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. Miyares, autora de 'Distopías patriarcales' (Cátedra), alega que desde 2010 el intento de implantación de la agenda feminista ha sido obstaculizado por la pretensión de Ruiz-Gallardón de restringir el aborto o las aspiraciones de regular el alquiler de vientres. «La siguiente lucha feroz que aún está por resolver es la idea de que la prostitución es un trabajo y las mujeres prostituidas, trabajadoras sexuales. Combatir esas ideas lleva mucho tiempo», dice Miyares.

¿Por qué Naciones Unidas ha asumido la expresión de «trabajadoras sexuales»? Miyares lo tiene claro: «Desde el momento en que la ONU acepta financiación externa privada, al margen de los Estados, su crédito sobre determinadas cuestiones queda en entredicho. El feminismo de este país es abolicionista».

Luisa es guineana, tiene dos hijos y llegó a España con su madre con ganas de labrarse un futuro. Ha limpiado locales comerciales y trabajado en un comercio de ropa de usada, pero ante la imposibilidad de abrirse camino no ha tenido más remedio que plantarse en la calle y ejercer la prostitución en Zaragoza. «Desde que acabó el confinamiento estoy pasando mucho miedo. Los hombres pagan menos que antes. Si antes sacaba 50 euros por servicio, ahora me dan 20 o 15. Lo tengo que aceptar, ¿qué hago si no? Con dos hijos a los que dar comer, hay días en que si ni siquiera me saco 20 euros».

Situaciones como la de Luisa (nombre ficticio) es lo que induce a las feministas regulacionistas a abogar por la legalización de la prostitución. «Salvo por el estigma que recae sobre las trabajadoras sexuales, su situación es muy parecida a la de las mujeres del servicio doméstico y las cuidadoras de personas mayores», dijo en su día a este periódico la activista Cristina Garaizábal, confundadora del colectivo Hetaira, ya desaparecido. «Las mujeres ocupadas en trabajos mal regulados o no regulados son las que más van a sufrir las consecuencias sociales y económicas de esta crisis».

Un enemigo está consumiendo muchas energías del movimiento feminista. Es Vox, un partido con 52 diputados en el Congreso que niega el concepto mismo de violencia de género. ¿Cómo plantar cara a la fuerza liderada por Santiago Abascal, que ha propuesto que el 8-M sea el día de las víctimas de la covid? Arantxa López, de la Comisión 8-M de Madrid, convocante de concentraciones masivas, es partidaria de combatir a la extrema derecha, «que sitúa a mujeres y migrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal».