Los obispos afrontan divididos la investigación sobre los abusos del clero

Osoro se desmarcó de la línea oficial con la publicación de un vídeo de Repara, la oficina de atención a las víctimas de la archidiócesis. El cardenal, hasta ahora el más claro de todos, invocó razones hasta ahora nunca esgrimidas. «Que no haya denuncias no significa que no haya casos. Los casos del pasado son casos del presente», alega Osorio, uno de los hombres de confianza del papa Francisco. Según Osoro, «lo que realmente perjudica a la Iglesia es el silenciamiento», aduce el arzobispo. En los últimos días, otros prelados como los de Santiago de Compostela, Burgos y Zamora, se han mostrado a favor de comisiones parlamentarias o independientes que analicen lo ocurrido, pero no de una forma tan decidida como lo ha hecho Osoro.

El arzobispo de Madrid pone la mano en el fuego por la versión las víctimas y aduce que las denuncias son fundadas. No en balde, dice, «quien se declara víctima de abuso y denuncia tiene poco que ganar y mucho que perder». Osoro desmonta el lugar común de que los casos son numéricamente insignificantes. El hecho de que se produzcan en la Iglesia es más grave y escandaloso, «porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. Si en la Iglesia se descubre un solo caso de abuso, representa ya en sí mismo una auténtica monstruosidad».

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La posición de Osoro supone un punto de inflexión en el conflicto que encona el debate dentro del episcopado. Voces como la del arzobispo de Madrid representan una minoría, porque entre los jerarcas de la Iglesia prima la idea de que detrás de esta iniciativa se esconden intereses espurios, una tesis de la que es firme defensor el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. No hace mucho tiempo, Argüello se preguntó por qué no se estudian también este tipo de delitos en el Comité Olímpico Español (COE) o la FIFA. El portavoz episcopal es el mismo que hace meses dijo que los casos denunciados eran «muy pocos» y se remontan en su mayoría a los años 80.

Para los más reticentes, la proposición no de ley sobre el asunto entraña cuestiones espinosas. Alegan los más críticos que las pesquisas no han de vulnerar la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos y el respeto a los acuerdos Iglesia-Estado. A la Conferencia Episcopal aún no ha llegado ninguna petición expresa para que participe en el organismo de investigación, entre otras cosas, porque no se ha constituido. En caso de que la Iglesia decida participar, se plantea el problema a quien sienta la jerarquía eclesiástica en la mesa.