Nueva normalidad, mismas circunstancias

No hay vacuna ni la población ha desarrollado «inmunidad de rebaño» y falta conocer aspectos críticos de la enfermedad como «el comportamiento epidemiológico del virus, los grados de inmunidad que deja en los pacientes, los ritmos de transmisión o cuándo tendremos vacuna eficaz», sostiene Ricardo Gómez Huelgas, presidente de la Sociedad de Medina Interna (SEMI). «Hay muchos capítulos pendientes de resolver». Además, tanto el Ministerio de Sanidad como las autonomías carecen de test masivos para aproximarse a la realidad invisible del virus. Tampoco se han mejorado aspectos de transporte público ni existen medidas para hacer un registro de contactos. La desescalada se apoya en dos factores: el calor y la distancia social de discrecional responsabilidad individual.

El virus sigue circulando y, a pesar de dejar una estela de más de 26.000 personas fallecidas, la tasa de infectados se sitúa entre el 2% estimado por la Organización Mundial de la Salud y el 16% que arrojan los números del Ministerio de Sanidad (unos 219.000 diagnosticados con algo más de 1,3 millones de pruebas PCR). Por otra parte, aunque se ha realizado más de medio millón de test de anticuerpos, según Pedro Sánchez, no se ha publicado aún un estudio serológico que determine con exactitud cuánta población ha activado defensas contra el virus, lo que daría un porcentaje fiable de contagios. «El virus no va a desaparecer. La tasa poblacional de inmunidad previsiblemente es relativamente baja», advierte Ricardo Gómez Huelgas, presidente de la Sociedad de Medina Interna (SEMI). «La mayor parte de la población española está expuesta».

Los laboratorios públicos y privados avanzan a marchas forzadas tras una vacuna, que no se espera que sea «eficaz» hasta el próximo año. «En las vacunas se debe hacer un ensayo de seguridad», afirma Margarita del Val, investigadora de Inmunología Viral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). «Se ha eliminado la burocracia que existe en tiempos de paz y se han acelerado los controles de las agencias reguladoras del medicamento para que se hagan con la máxima seguridad y a la vez rapidez, pero demorará».

Con un 6% de la población mayor de 80 años (millón y medio con más de 85 años) el rango de personas vulnerables es extremadamente alto, y su situación ha empeorado tras la pandemia, pues los recursos destinados a la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento reprimieron los tratamientos para las enfermedades crónicas que padecen. El factor «disruptivo» del coronavirus «ha truncado la continuidad asistencial de los pacientes de edad avanzada y pluripatológicos», alerta Gómez Huelgas. «Son más vulnerables ahora y hay que conciliar las medidas para estos pacientes, que generan el 70-80% de la demanda, con toda la previsión de los recursos sanitarios». Los modelos de las residencias de mayores, uno de los focos de infección más mortíferos, no ha cambiado demasiado. Sólo unas pocas están medicalizadas y ninguna está totalmente aislada.

Durante el aislamiento se frenó la epidemia. Pero su potencial de propagación sigue intacto. La tasa de transmisión del virus, conocida como factor R, está entre 1,4 y 3, según la OMS y el Instituto alemán Robert Koch. Es decir, un infectado contagia a dos o tres personas, y los cuadros asintomáticos acentúan el riesgo. Se ha examinado a menos del 3% de la población, y de ellos más de un millón de habitantes podría haberlo contraído desde que se le analizó.

Sanidad ha apoyado la evaluación del virus en los test rápidos de detección de antígenos, pero los «test rápidos dicen si alguien tiene o no la enfermedad, mientras que los serológicos nos dan una información diferente, la de cuántas personas han superado la Covid-19. Es decir, si el sistema inmune de una persona la protege», explica Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología y facultativa del Hospital La Paz. Con la desescalada, los test se harán en Atención Primaria, cuyos sanitarios han reiterado la necesidad de contar con suficientes pruebas diagnósticas de detección, que el Gobierno ha garantizado, pero que aún no han llegado a la «primera línea», confirman seis sociedades médicas a principios de semana. Sin los test serológicos, las decisiones de desescalada se toman, en términos científicos, a ciegas.

«Todos los expertos epidemiológicos y clínicos vaticinan que habrá nuevos brotes en el futuro inmediato», resume Gómez Huelgas. «Hemos aprendido mucho a marchas forzadas y se ha generado un conocimiento importante de cómo enfrentar y prevenir la enfermedad, pero no hay evidencia sólida de tratamientos farmacológicos para prevenir y tratar la infección».

El transporte público no se ha reforzado lo suficiente para mantener la distancia social cuando la población empiece a reintegrarse a sus puestos de trabajo, incluso aunque se mantenga el teletrabajo en algunas áreas. No se han anunciado aumentos significativos en las flota de autobuses ni de conductores para multiplicar la frecuencia de los trenes y el metro en los grandes centros urbanos. El ministerio de Transición Ecológica pidió, pocos días antes de empezar la desescalada, que se creen infraestructuras para ampliar las zonas peatonales y ciclistas. Sólo dos ciudades, Barcelona y La Coruña, las están ampliando.

No hay 47 millones diarias de mascarillas para poner y quitar este elemento de protección a toda la población española en cada interacción. Ni se producen ni se importan a este ritmo. Incluso se desconfía del suministro de equipos de protección entre el personal sanitario. Tanto la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) como la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) recuerdan a las autoridades la necesidad de «garantizar la protección adecuada de todos nuestros profesionales sanitarios».

Para cortar la transmisión del virus y evitar el confinamiento generalizado se busca identificar a las personas que han estado en contacto con un caso positivo en las últimas dos semanas. Hasta ahora se ha hecho mediante la declaración del enfermo y las llamadas directas a los posibles contagiados. Existe la posibilidad de utilizar la tecnología del móvil para que se automaticen los avisos. «El virus es muy contagioso y silencioso», recuerda Del Val. «Lo que se haría es de pedir la cuarentena a los contactos». El Gobierno no ha dado ninguna directriz en este sentido, aunque institutos de investigación españoles y europeos estén desarrollando aplicaciones con este fin.

Con el descenso de contagios y enfermos graves se comienza el desmantelamiento de las ampliaciones en los centros sanitarios y de hospitales de campaña, no se renuevan los contratos del personal contratado durante la emergencia, no se incorporan los residentes nuevos ni se contrata a los antiguos, denuncian varias asociaciones médicas que estuvieron en la «primera línea». Se prevé además un «incremento en la presión asistencial» al retomar «las necesidades de atención aplazadas» unido a las bajas de los sanitarios infectados, las vacaciones y la extenuación del personal. «La plantilla no sólo se ha reducido sino que está más cansada», dice Gómez Huelgas. «Insistimos en la necesidad de renovar contratos».

Para la desescalada se toman «decisiones complejas de tipo clínico y epidemiológico pero también de índole política, porque hay que mantener el equilibrio entre la seguridad de la salud frente a las connotaciones sociales y de libertad individual que tienen las medidas de confinamiento», concluye Gómez Huelgas. «El margen es pequeño porque cualquier exceso de contacto social no protegido incrementa el riesgo». Sólo hay una circunstancia que juega a favor del Gobierno: mayo, al menos, tendrá temperaturas de 25 y 30 grados. El éxito de la nueva normalidad depende de que el calor apacigüe al virus.