Medio centenar de detenidos en una operación contra la piratería en la reparación de móviles

La investigación se inició el 16 de enero de 2020 y en el último año ha permanecido bajo secreto de sumario. La policía tuvo conocimiento de que se estaban poniendo en circulación microcomponentes de telefonía que, al parecer, serían réplicas de los auténticos, pero a un coste muy inferior, y que se utilizaban para reparar móviles en tiendas especializadas.

La operación se bautizó con el nombre de 'Rotten', cuya traducción literal es podrido, en una clara alusión a la marca de la manzana. La comisaría creó un equipo conjunto de trabajo con agentes del Grupo II de Delitos Económicos y del de Investigación Patrimonial y Localización de Activos (IPLA), lo que suponía implicar a la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) y la UDEF (Económica y Fiscal).

Los investigadores pusieron el foco en la actividad de la empresa malagueña Klicfone, que supuestamente se estaba dedicando a importar las piezas procedentes del mercado asiático para venderlas posteriormente a una compañía líder en reparación de telefonía móvil -Manzana Rota- con franquicias en distintas comunidades del país.

La policía contó con la colaboración de representantes de algunas de las marcas afectadas, que habrían comprobado las características de las piezas -principalmente, pantallas, carcasas, baterías y cámaras- y denunciaron que se estaban vulnerando sus derechos al considerar que eran copias de los componentes originales debidamente registrados.

Tras apreciar una supuesta falsificación de productos, los agentes iniciaron una campaña de inspección en establecimientos de la franquicia en distintas comunidades autónomas. Según ha podido saber SUR, han visitado tiendas propias y franquicias en Andalucía (en las ocho provincias), Murcia, País Vasco, Castilla y León, Aragón y Asturias. En total, se han inspeccionado 35 locales, de los cuales 15 están en Málaga.

Los policías han intervenido más de 14.000 piezas falsificadas en las inspecciones realizadas. A lo largo de la operación, han arrestado a 47 personas, entre ellas los principales responsables de ambas empresas -al parecer, se habría podido acreditar la relación entre ellos- y trabajadores de las mismas, por su presunta implicación en delitos contra la propiedad industrial. Todos fueron puestos en libertad en comisaría.

Los agentes han efectuado varios registros en los que se han intervenido 17.000 euros en efectivo, dos inmuebles y un vehículo, además de bloquear 150.000 euros en cuentas bancarias.

Los abogados Raquel Rodríguez y Álvaro Morales, que representan a los principales responsables de las empresas investigadas y a la mayoría de los franquiciados, sostienen que las falsificaciones no son tales y que, en fase de instrucción, aportaron facturas que acreditarían que los productos no eran copias, sino artículos «reacondicionados y remanufacturados», es decir, que procedían de originales que ya habían salido al mercado.

Aseguran también que aportaron un informe del Registro de Patentes y Marcas, al que hicieron una consulta sobre estos extremos y que supuestamente avalaría su tesis.

De hecho, recuerdan, el procedimiento se archivó provisionalmente el 2 de marzo de 2021 con el visto bueno del fiscal del caso. Sin embargo, la Policía Nacional presentó un nuevo informe el 14 de marzo de 2022 donde mantenía que los componentes eran falsificados, lo que supuso la actual reapertura de la causa, declarándose el secreto de sumario. Tras ello hubo una primera fase de detenciones el pasado noviembre. La segunda fue hace un par de semanas.

La abogada Raquel Rodríguez afirma que se va a realizar una pericial contradictoria que discuta los informes policiales. «No hay ningún tipo de ilícito porque nos encontramos en un supuesto de agotamiento de la marca (un producto ya usado que ha sido reacondicionado)», insiste. A su juicio, el número de detenciones es «desproporcionado», incluyendo a «dependientes y reparadores que no tienen intervención alguna en la adquisición de los productos».

La letrada se muestra muy dura respecto al fondo del caso, ya que considera que se trata de una investigación «prospectiva, buscando un delito donde no lo hay» y que las marcas pretenden eludir un pleito civil, «mucho más costoso y arriesgado», recurriendo a la vía penal para «deshacerse de una competencia lícita».