Maracena pide «medidas urgentes» para proteger a Juana Rivas

Según indica la declaración institucional, a la que ha tenido acceso Europa Press, los representantes políticos de los maraceneros han reseñado que no se puede "permitir que se ponga en cuestión quién es Juana Rivas y quién es Franceso Arcuri". Al respecto, han subrayado que Rivas y sus hijos son "víctimas de violencia de género", mientras que Arcuri "es el maltratador que ha sido condenado como autor de un delito de malos tratos con lesiones y que en julio de 2016 fue denunciado de nuevo por malos tratos".

Asimismo, desde la Corporación Municipal han querido recordar que Juana Rivas "a mediados del año 2016 salió junto a sus hijos del país en el que residían, Italia, buscando protección en su país de origen, España", así como que el pasado jueves la Audiencia Provincial de Granada desestimó el incidente excepcional de Nulidad de Actuaciones, confirmando la entrega de los hijos a Francesco Arcuri, "por lo ahora será el Tribunal Constitucional el que se tenga que pronunciar al respecto".

Para el Consistorio maracenero es "inconcebible" que la denuncia interpuesta por Juana en julio de 2016, "aún no se haya tramitado judicialmente", algo que han achacado a "la falta de medios", añadiendo que "el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de manera inmediata, al declararse incompetente para conocer del asunto, debió haber remitido de forma inmediata la denuncia al juzgado competente, en ese caso, a un juzgado de Italia, pero más de un año después, la denuncia sigue en España".

"La justicia española tiene muchas cosas buenas, pero también muchos fallos y estos son de gran calado en las mujeres e hijos víctimas de violencia y los números hablan por sí solos, en lo que va de año son cuatro menores y 39 mujeres asesinadas por su pareja o expareja", han abundado.

Además, han recordado preceptos legales como el Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores que señala "que la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable".

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Maracena han instado a todas las instituciones públicas que apliquen "de forma inmediata" el pacto de Estado alcanzado en materia de Violencia de Género, así como "de modo inmediato" el envío al juzgado competente italiano, de la denuncia interpuesta por Juana Rivas contra su expareja.

Igualmente, han requerido al Gobierno central como al de la Junta de Andalucía que dote a los Juzgados "de medios humanos, materiales y tecnológicos suficientes para la agilización en la tramitación de asuntos entre los juzgados de España y otros países extranjeros o de los estados miembros".

Finalmente, desde la Corporación Municipal han solicitado al poder legislativo a que realice las modificaciones "oportunas" en materia legislativa, para que cuando se de el supuesto de que un padre haya sido condenado por violencia de género o esté siendo investigado por este asunto, "siempre se tome declaración a los menores en cualquier procedimiento que pudiera afectarles y de igual modo se garantice que el órgano adscrito al juzgado que vaya a evaluarlos sea la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIG) al ser la unidad especializada en este ámbito".