Las leyes del 8-M

La previsible renuncia a los artículos que castigaban con cárcel y cierres a la industria de la prostitución, una exigencia de ERC, JxCat, PNV o Bildu, retira la última roca que impedía que PSOE y Unidas Podemos venciesen el 'no' de PP y Vox y asegura, en vísperas del 8-M, que pronto serán realidad algunos de los cambios legales más reivindicados en las masivas marchas feministas.

No fue casualidad que, tras 15 meses de duros tira y afloja en la coalición, el Consejo de Ministros mandase al Congreso el proyecto de ley que convierte en agresión todo acto contra la libertad sexual no consentido el pasado 6 de junio. Fue justo la víspera del quinto aniversario del ataque de La Manada en Sanfermines, cuando cinco jóvenes se confabularon para acorralar y violar salvajemente a una madrileña de 18 años que estaba ebria. La indignación que sacó a la calle a centenares de miles de mujeres ante la tenue primera condena, en la que la Audiencia de Pamplona solo vio abuso y no violación, al no apreciar ni violencia ni intimidación, fue la que activó la reforma legal, que busca que un fallo así no se repita.

La norma rehace el capítulo de delitos sexuales. La existencia o no de un consentimiento libre y claro por parte de la víctima es el centro de la nueva regulación. Desaparece el abuso, todo acto no consentido será agresión sexual y toda agresión con penetración, violación. Ya no es preciso que medie violencia o intimidación para condenar por ambas categorías. Pero, además, convierte en delito el acoso callejero, eleva la pena un mínimo de dos años de cárcel si la víctima es la pareja o si hay sumisión química y extiende a las víctimas de la violencia sexual, el matrimonio forzado y la ablación la protección que ya tienen las maltratadas y sus familias.

No obstante, lo que es la solución para el 'solo sí es sí' puede convertirse en una traba para la aprobación de la futura ley contra la trata, otra de las grandes demandas de las pancartas del 8-M, que los dos socios del Gobierno negocian desde hace meses. Los nuevos delitos que castigan con cárcel a los proxenetas y propietarios de pisos, locales y burdeles que se lucran explotando a las mujeres, que ahora se excluirán del texto de Libertad Sexual, deberían incluirse en la norma contra la trata, que también sería de prostitución. El PSOE, que desea convertirla en una ley abolicionista, tiene claro que será así. Unidas Podemos es más flexible, sabedor de la oposición de los socios catalanes y vascos, pero también ve conveniente recuperarlos.

El grado de fricción entre socios parlamentarios por ese punto se testará en las propias semanas. En la Comisión de Igualdad del Congreso comparecerán varias expertas citadas por los grupos para exponer argumentos a favor o en contra de incluir en el Código Penal la tercería locativa, que es la denominación del rol de los empresarios de la prostitución.

El anteproyecto de la norma, que hay interés por llevar pronto al Consejo de Ministros, podría demorarse por los retoques sobrevenidos. Será el marco jurídico para detectar, atender y recuperar a las víctimas de la explotación sexual, el 80% extranjeras que, en su casi totalidad, ejercen la prostitución de forma indeseada. Busca garantizarles ayuda jurídica, psicológica, social, económica y laboral del Estado para que huyan de ese infierno aunque carezcan de papeles en regla o no denuncien a los proxenetas.

La tercera actuación exigida en cada marcha del 8M desde 2015, desde que el PP alteró unilateralmente la norma, es la reforma de la ley del aborto. Los ministerios de Igualdad y Sanidad, que negocian el anteproyecto, han superado el principal escollo que les separaba, fijar una fórmula que respete la objeción médica, pero, al tiempo, garantice algo ahora irreal: que si una española opta por abortar lo pueda hacer en un centro público, cerca de su casa y eligiendo método. También dispondrá que cualquier española mayor de 16 años sea quien decida qué hace con su cuerpo y su embarazo.

El mayor punto de fricción actual es el capítulo de lo que Igualdad llama «violencia obstétrica», término que no aceptan ni Sanidad ni los médicos, y que pretende poner fin al abuso en España de técnicas como la cesárea o las episiotomías. La norma también perseguirá el negocio de la gestación subrogada.